Monsieur y Madame Legrand, un matrimonio belga de unos 50 años, compraron en 2019 una casa en la pequeña isla de Yeu, en la costa atlántica francesa, al sur del puerto
de Saint-Nazaire. La pandemia de coronavirus y las restricciones que ha ido aplicando el gobierno de Francia para hacerle frente frenaron sus planes de reforma de la casa, que estaba en bastante mal estado. En esas refacciones, los Legrand incluían la construcción de un pequeño anexo.
La pareja presentó la documentación necesaria para pedir el permiso de urbanismo para acometer su reforma. Todo parecía sobre ruedas cuando estalló un escándalo, que en origen se circunscribió al pequeño Ayuntamiento que ejerce como autoridad sobre la isla pero que terminó por reventar contra los muros del Palacio Real belga.
El permiso para construir el anexo viola las normas urbanísticas que rigen en la pequeña isla. Se trata de ampliar la casa hacia la carretera. Pero la normativa urbanística obliga a dejar libre un cierto número de metros desde esa ruta y algunos vecinos hicieron alegaciones al permiso al considerar que al matrimonio Legrand se le estaban dando unas libertades urbanísticas que los demás residentes en la isla no tuvieron cuando quisieron construir o hacer reformas.
Una imagen de las playas de la sla de Yeu, en Francia.
La prensa belga cuenta que el pasado 26 de enero, durante una reunión del Consistorio, los concejales discutieron el escándalo. Y que Patrice Bernard, jefe de la oposición (cinco de 27 concejales) preguntó si “es suficiente ser una majestad para violar la ley y llenar de cemento nuestro patrimonio natural con la complicidad de las autoridades”. Caras de asombro. ¿Su majestad?
Se relevó entonces el secreto que desató una catarata de críticas. Las autoridades locales explicaron que Monsieur y Madame Legrand son, en realidad, nada menos que Felipe y Matilde, reyes de los belgas. Y que habían pedido el permiso de urbanismo con seudónimo para preservar el anonimato en la isla y que les había sido concedido en agosto del año pasado.
Las autoridades urbanísticas explicaron entonces, según contaba esta semana el diario Le Monde, que a la casa, de 200 metros cuadrados, se le añadiría un anexo de 40 metros cuadrados, pegado a la carretera, porque precisamente ahí es donde dormirían los dos miembros del servicio de seguridad que la Casa Real pretendía disponer al servicio de los reyes cuando estuvieran en la isla.
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Infografía: Clarín
Excepciones
La Alcaldía explicó a Bernard que el permiso de urbanismo en principio es legal porque la normativa permite excepciones a la normas generales “para equipamientos colectivos de interés general”, como si la pequeña construcción de 40 metros cuadrados fuera un recinto educativo o deportivo.
Las autoridades locales explicaron también a la prensa belga que el prefecto –autoridad superior nombrada directamente por el gobierno central- ordenó al alcalde que permitiera la construcción, que además violaba otra norma: los anexos a las residencias principales, en esa pequeña isla, no pueden superar los 30 metros cuadrados y este llega a los 40.
La televisión pública belga RTBF, que se ha tomado el asunto con una mezcla de escándalo político y asunto humorístico (por el pseudónimo buscado por los reyes para esconder su identidad), recogió testimonios de residentes locales.
Se quejan de las excepciones hechas a los reyes de los belgas pero a la vez se alegran de ser vecinos de monarcas. El Palacio Real belga confirmó ya que el matrimonio Legrand sí es, en efecto, un seudónimo tras el que se escondían Matilde y Felipe Saxe-Cobourg-Gotha, reyes de los belgas.
Bruselas, especial
CB
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