El “presidente encargado” Juan Guaidó no viviría lo suficiente para cumplir “más de 200 años de cárcel” tal y como lo demanda el diputado chavista José Brito si los
tribunales del régimen de Nicolás Maduro llegarán a condenarlo por ocho supuestos delitos.
José Brito, un ex militante del opositor Primero Justicia al que sus ex compañeros de partido llaman el “alacrán” por corrupto y venderse al régimen, es presidente de la “comisión especial” de la Asamblea Nacional chavista que presentará el próximo 12 de febrero un informe donde acusa a Guaidó de ser supuestamente responsable de “agavillamiento, delincuencia organizadas, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado”.
Guaidó ha enfrentado estas acusaciones infundadas respondiendo a través de su cuenta de twitter como una campaña orquestada en su contra de “hostigamiento, amenaza y discurso de odio”. Se ha reunido abiertamente con la prensa en plazas públicas como la de Palos Grandes en Caracas sin temor a que lo arresten: “Saben dónde encontrarnos, aquí estamos”, dice en tono desafiante.
Pero el que dirige la persecución contra el liderazgo opositor es el presidente de la Asamblea chavista, Jorge Rodríguez. Ya presentó por la estatal Venezolana de Televisión (VTV) el segundo capítulo de esta semana de las presuntas pruebas del complot cuyo objetivo sería asesinar a los diputados chavistas.
El psiquiatra Jorge Rodríguez ha mostrado como “prueba” una ficha de un testimonio de Richard Grillet Alvarez, ex agente de seguridad de la Asamblea Nacional, quien acusa a Guaidó, a Leopoldo Lopez y al ex embajador de España, Jesús Silva, de conspirar contra el parlamento chavista, lo que ha sido desmentido por el gobierno de España.
El presidente venezolano Nicolás Maduro mientras ondea una bandera de su país frente a simpatizantes durante un acto de Gobierno, en Caracas (Venezuela). Foto EFE
El ex ministro de Comunicación, calificado de “tenebroso” por el mayor general Christofer Figuera exiliado en Miami, que se ha quejado de que las agencias internacionales no publican sus denuncias porque no le dan crédito, también promete presentar más pruebas en los próximos días como si fuera más bien una entrega por capítulos del complot al estilo de una serie o culebrón parlamentario.
La tercera fuente de la campaña “todos contra Guaidó” es la ex ministra de Prisiones, Iris Varela, quien en su cargo de primera vicepresidente del parlamento chavista se jacta en la televisora Globovisión de llevar unas esposas en su cartera para engancharlas personalmente en “las muñecas de Juan Guaidó tan pronto me lo encuentre en la calle o donde sea”.
En sus primeros 30 días de gestión parlamentaria (juraron el 5 de enero) los 277 diputados chavistas, menos dos que fallecieron de Covid-19, solo se han ocupado de arremeter contra Guaidó, persiguiéndolo y amenazándolo con cárcel y no se han preocupado de la terrible tragedia de hambre y miseria que empuja a los venezolanos a huir de su país por unas fronteras terrestres cerradas donde las tanquetas militares de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia le bloquean el paso a los emigrantes que van a pie.
La Asamblea chavista, que no ha sido reconocida por la Asamblea opositora por fraudulenta, ha malgastado su primer mes legislativo en intentar poner preso a Guaidó y no ocuparse de resolver los acuciantes problemas que afectan a los venezolanos como la falta de nafta, de gas doméstico, electricidad, agua, alimentos y medicinas.
El salario básico ha caído a menos de 1 dólar (66 centavos de dólar al cambio de hoy), la hiperinflación escaló a 2.500%, la recesión económica cayó a menos de 30% del PIB el año pasado, la falta de empleo y el cierre de empresas presionan el éxodo de emigrantes, que a decir del presidente colombiano Iván Duque podría escalar de 5,5 millones a 10 millones de venezolanos este año.
Parece que la severa y crónica crisis de Venezuela no se encuentra en la agenda de los parlamentarios chavistas. Ninguno habla de cómo frenar la huida de los venezolanos. NI siquiera exhortan a Maduro para que pague los 11 millones de dólares que le adeuda a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que puedan venir las vacunas anticovid-19 y así proteger a la población de la pandemia.
PB
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