Mauricio Macri es memorioso. Cuentan cerca suyo que recuerda cada fecha exitosa en su etapa como presidente de Boca, que tiene claro cuándo fue cada hito en su ciclo como jefe
de Gobierno porteño y que sabe qué pasó cada día en sus cuatro años como Presidente de la Nación. También recuerda que sus últimos cumpleaños siempre coincidieron con alguna mala noticia vinculada a expedientes judiciales que lo involucran directamente o indirectamente.
Parece que su festejo de 62 años, este mismo lunes, no será la excepción, según información de fuentes de primera línea que dialogaron con Clarín. La Justicia tiene preparadas dos decisiones relacionadas con causas en las que figura el nombre del ex presidente, que se comunicarán en el transcurso de la semana. Y más de un aliado de Macri coincide en que espera un “ataque judicial” en las próximas horas, que refuerza lo que definen como una “embestida” contra el ex presidente y ex funcionarios de su gobierno en las últimas semanas.
Fuentes consultadas por este medio aseguran que las decisiones saldrán desde la órbita de la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) que, por un lado, definirá el monto de la deuda real entre Correo Argentino SA , compañía de la que la familia Macri es accionista, y el Estado nacional. Esa decisión, no confirmada por fuentes judiciales, sería entre este lunes y el martes.
Por el otro, se espera que el organismo que tiene a cargo las escuchas judiciales y que depende de la Corte Suprema, habilite el acceso a las llamadas que se hicieron desde Presidencia en el período de 2016 a 2018 , cuando Macri fue presidente. Tampoco fue confirmado oficialmente desde Tribunales.
Como publicó Clarín , el reclamo surge de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner y de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, quienes esperan una decisión de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, luego de que la defensa de Macri presentara recursos contra la decisión de la jueza de primera instancia María Servini de Cubría de habilitar el entrecruzamiento telefónico.
En esa causa se investigan supuestas presiones del gobierno de Macri a la Justicia para la apertura de expedientes por evasión impositiva al Grupo Indalo, de De Sousa y Cristóbal López. Una de las denuncias es contra Oil Combustibles por un fraude de $ 8.000 millones en perjuicio de la AFIP.
Cerca de Macri no comprenden cómo desde el entorno del empresario K vinculan decisiones judiciales en causas que lo involucran con su período como Presidente. Consideran que se trata de un gran armado en contra del ex jefe de Estado, una “embestida judicial”, citando recientes denuncias de Rodolfo Tailhade, diputado del Frente de Todos, contra Macri por la creación de su Fundación, y contra quienes trabajaron cerca suyo en su gobierno, como el diputado Fernando Iglesias, además de Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia, y Fátima Micheo, ex subsecretaria de comunicación. Todas, según el macrismo, “sin ningún tipo de sustento”.
Macri se encuentra en Qatar actualmente, como parte de la FIFA, en el Mundial de Clubes que se está llevando adelante en ese país, que además será sede del Mundial de selecciones de 2022. Viajó el viernes pasado, pasará allí su cumpleaños y regresará la semana que viene.
La deuda del Correo Argentino SA
En lo que tiene que ver con Correo Argentino SA, la Justicia dará a conocer cuál es el Estado de deuda real de la compañía, que se encuentra en proceso de quiebra y que forma parte del grupo Socma. de la familia Macri. A diferencia del caso de las llamadas telefónicas, hay expectativa en parte del entorno de Macri sobre un aval a la presentación que hicieron en su momento y un cálculo que ubica la deuda real de la compañía entre los $ 500 y los $ 650 millones, y no en los casi $ 5000 millones que planteó la fiscal Gabriela Boquín.
Pero también hay dudas respecto a lo que entienden podría ser parte de un nuevo capítulo en la embestida contra el ex presidente. “Lo pueden embocar”, aseguran fuentes cercanas a la compañía. Y recuerdan que desde 2017 y en los últimos cuatro años, coincidentemente en la fecha del cumpleaños de Macri, hubo decisiones judiciales contrarias a Correo Argentino SA. De la primera, mencionan incluso, se enteraron antes a través de un tuit de Cristina Kirchner, y no de la fiscal.
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión por 30 años quedó en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.
En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Una raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de $ 296 millones más los interes en concepto de actualización.
A su vez, los ex dueños del Correo presentaron tres reclamos principales contra el Estado por $ 1.700 millones, otros $ 500 millones y por US$ 120 millones, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.
En junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “aceptación irregular” perjudicaba “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. El acuerdo nunca fue homologado, y el pago no se hizo.
El recálculo que hizo entonces la Procuración General de la Nación ubicaba en $ 4.700 millones la deuda indexada a esa fecha, pero extendida hasta 2033 (fecha en la que el Correo finalizaría el pago según su propuesta), se situaba por encima de los $ 70.000 millones.
El cálculo que hacen en la defensa de Socma contrasta por completo. Y allegados a la compañía aseguran que si el crédito del Estado Nacional contra el Correo Argentino SA se actualizara al 28/6/2016, fecha de la mejora de propuesta Concursal, por la tasa punitiva establecida en el contrato de adjudicación del servicio postal, ” el monto ascendente a $ 528.800.216 , lo cual implica que la propuesta establecía el pago del 56% de la deuda actualizada, 30 veces más que el 1,89% impuesto por la fiscal Gabriela Boquín”.
Añaden, en un texto al que accedió Clarín, que “la tasa contractual fue la que utilizó el propio Estado Nacional al momento de verificar su crédito. Dicha tasa y criterio utilizado por el Estado Nacional fue receptada y aprobada por la Sindicatura verificante y posteriormente por la Jueza del concurso, convirtiéndose así en una cosa juzgada. Ni la administración del Estado que se presentó a verificar en 2002 ni ninguna administración posterior hasta la fecha cuestionó ni impugnó este criterio “.
Y agregan: “Si en lugar de utilizar la tasa contractual se actualizara el crédito del Estado Nacional por la tasa pasiva del Banco Nación, tasa usualmente utilizada en situaciones jurídicas con el Estado, el monto actualizado a la fecha de la propuesta concursal ascendería a $ 651.321.558. Es decir que en esta hipótesis la propuesta concursal representaba el pago de una cifra 23 veces superior a la referida por la fiscal”.
El pedido de Socma contra Boquín y Zannini
Durante la última semana el grupo Socma dio a conocer un pedido a la Justicia que publicó Clarín y en el que, precisamente, se comparan las actuaciones de la fiscal Boquín, aliada de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y parte de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, en los procesos preventivos de Correo Argentino y de Oil Combustibles, la compañía de Cristóbal López. Denunciaron que Boquín procedió de manera diferente según el caso, rozando “la sospecha” y solicitó en la Justicia Comercial investigar por presunta parcialidad a ella y al procurador del Tesoro Carlos Zannini.
En Socma relativizan la injerencia de Macri en la compañía, de la que aseguran se alejó hace 20 años, al tiempo que dicen estar convencidos de la “intención del Gobierno por hacerla desaparecer”.
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