Diputados del PRO diseñaron un proyecto de ley para que se le otorgue una “reparación económica extraordinaria” a los familiares de las 52 víctimas fatales y a los 789 sobrevivientes de la
Tragedia de Once. Proponen que el pago ascienda hasta los 13.386.480 pesos.
Según indicaron, el beneficio “podrá percibirse independientemente de que las víctimas o sus familiares hayan iniciado demandas por daños y perjuicios contra el Estado”.
Los diputados que integran la coalición opositora Juntos por el Cambio propusieron que el monto a pagar sea “equivalente a 200 remuneraciones de un agente nivel A, grado 0 del convenio del Sistema Nacional de Empleo público”, en el caso de los familiares de los fallecidos.
Se precisó que, según esa fórmula, esa indemnización se ubicaría actualmente en $13.386.480.
A través de un comunicado, los legisladores del PRO agregaron que “en el caso de aquellas víctimas que sufrieron lesiones gravísimas, el beneficio será un 30% menor, y para los que sufrieron lesiones graves, de un 50% menos“.
Quiénes recibirían la reparación
Los diputados macristas establecieron en su proyecto una serie de categorías para definir quiénes podrían recibir la indemnización por las personas fallecidas:
a).- Los hijos y las hijas por partes iguales.
b).- A falta de hijos o hijas, los progenitores y las progenitoras por partes iguales.
c).- El/la cónyuge supérstite, siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día del siniestro ferroviario de fecha 22 de febrero de 2012 en la Estación Once de Septiembre del FF.CC. Sarmiento.
El/la cónyuge supérstite concurre con los beneficiarios y las beneficiarias establecidos en los incisos a) y b) y tendrá derecho a percibir la misma parte que ellos/as, respecto del total del beneficio.
d).- El/la conviviente supérstite, siempre que hubiese convivido con carácter público, notorio, estable y permanente con alguna de las víctimas fallecidas en el siniestro ferroviario de fecha 22 de febrero de 2012 en la Estación Once de Septiembre del FF.CC. Sarmiento.
La iniciativa lleva la firma de la diputada nacional María Luján Rey, quien integra el bloque del PRO y cuyo hijo Lucas Menghini Rey falleció en aquel episodio que se produjo el 22 de febrero de 2012 en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento.
También la firmaron el titular del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y los legisladores Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Álvaro González, Alicia Fregonese, Hernán Berisso, Jorge Enríquez, Carmen Polledo, Gustavo Hein, Pablo Torello, Soher El Sukaria, Alfredo Schiavoni, Victoria Morales Gorleri, Martín Maquieyra, Camila Crescimbeni, Adriana Cáceres y Adriana Ruarte.
Otros de los que respaldan la iniciativa son Alberto Asseff, Virginia Cornejo, Silvia Lospennato, Martín Medina, David Schlereth, Julio Sahad, Dina Rezinovsky, Mariana Stilman, Claudia Najul, Albor Cantard, José Riccardo, Eduardo Cáceres, Paula Oliveto, Luis Pastori, Diego Mestre, Jorge Vara, Alejandro García, Atilio Benedetti, Gonzalo del Cerro, Ingrid Jetter, Aída Ayala, Roxana Reyes, Estela Regidor, Gustavo Menna, Gabriela Lena y Martín Grande.
La causa judicial
El septiembre del año pasado, la Corte de Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas aplicadas al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros, en la causa por la tragedia ferroviaria.
El máximo tribunal rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de los condenados, por lo que los fallos en su contra quedaron firmes y sin posibilidad de volver a ser revisados.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes las condenas que pesan sobre Schiavi (5 años y seis meses de prision), los Cirigliano y Córdoba (3 años y 3 meses), entre otros, mientras queda pendiente de resolución la condena que pesa sobre Ricardo Jaime, elevada a 7 años de prisión por la Cámara de Casación y que aún no tiene el doble conforme.
En esta investigación se tuvo por probada “la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte”, señaló el máximo tribunal en el escrito.
Agregó que esos funcionarios “tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal”.
Asimismo, la tragedia de Once “no sólo se ocasionó con motivo de la negligente conducción del maquinista, sino que además encontraba explicación en una diversidad de factores que se encuentran ampliamente descriptos en la sentencia (del Tribunal Oral Federal 2) y que responden a las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio”.
Atribuyó estas “pésimas condiciones” a “las políticas empresariales verificadas y la ausencia de controles por parte de la Secretaría de Transporte, lo que representaba un constante peligro para la vida de las personas que a diario utilizaban los trenes que circulaban con un deficitario estándar de eficiencia y seguridad”, según se indicó.
Por esta causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 condenó, con distintos grados de responsabilidad, a los diversos acusados, mientras que a Jaime resolvió sentenciarlo por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y absolverlo por el estrago culposo agravado.
Esa decisión fue luego revocada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo condenó como autor de estrago culposo agravado, elevando su pena de 5 a 7 años de prisión.
Por otra parte, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado en diciembre de 2018 a 5 años y 8 meses de prisión, por administración fraudulenta en contra de la administración pública, fallo que fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.
AFG
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