La Justicia mendocina le sacó tres propiedades a un ex intendente kirchnerista condenado por corrupción

que utiliza la Ley de Extinción de Dominio en una causa de corrupción.

El ex intendente de Guaymallén Luis Lobos está condenado por enriquecimiento ilícito y por haber contratado en la comuna a su empleada doméstica y retirarle parte del sueldo que cobraba. Aunque no existe una sentencia firme en lo penal, la Justicia civil pudo avanzar en la confiscación de los bienes. “Es una condena ejemplar, gracias a la ley provincial de extinción de dominio sancionada en 2019, a iniciativa del ex gobernador Alfredo Cornejo”, dijo el subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino. Y explicó que hay otras causas judiciales en las que se aplicó la ley pero están vinculadas al narcotráfico. “En un caso de corrupción, es la primera vez que alguien pierde bienes por no poder demostrar el origen legal de los fondos”, dijo el subsecretario.

Con esta sentencia de la jueza María Paz Gallardo el Ministerio de Hacienda de Mendoza pedirá el remate de tres propiedades. La ley de extinción de dominio ordena que el dinero recuperado del remate de los bienes de Lobos deberá destinarse a la construcción y refacción de escuelas.

Las propiedades estaban a nombre de Lobos y su su esposa Claudia Sgró. Son dos casas (un dúplex de calle Cangallo y una mansión en el barrio Sol Andino) y un lote en el barrio Naútico Mendoza, todos ubicados en Guaymallén, el municipio del que fue intendente entre 2013 y 2015.

Fueron los vecinos de Guaymallén los que empezaron a publicar en foros de los medios locales datos precisos sobre propiedades que había adquirido Lobos y su esposa: una casa fastuosa, vehículos de alta gama, lotes en diversos emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos con emprendedores que eran proveedores de la comuna.

Por estos bienes, el ex intendente fue condenado a cuatro años y medio de prisión y su esposa, a tres años y medio, como partícipe primaria del delito. La mujer de Lobos también era funcionaria en el municipio cuando estalló la denuncia por enriquecimiento ilícito, en 2014. Ambos recibieron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero la causa por corrupción está apelada en la Corte de Mendoza y aún no hay sentencia.

Son todos los bienes adquiridos después de asumir en la gestión pública, ya sea a nombre del imputado o una empresa (sociedad jurídica) vinculada al acusado, los que están en la mira. En la declaración a la AFIP, Lobos quedó expuesto: de un año a otro pasó de declarar bienes inmuebles por 70 mil pesos, a 1,8 millones.

Lobos perdió tres inmuebles, pero logró retener tres vehículos porque la jueza consideró que sus ingresos legales le permitieron adquirir esos bienes: un Peugeot 308, una Volkswagen Amarok y un cuatriciclo.

La defensa del exintendente podrá apelar la sentencia pero nada impide el remate de los bienes. Según explicó el subsecretario D´Agostino, la Justicia debe crear un fondo de garantía y, en el caso en que la Corte provincial sobresea al acusado en el proceso penal, se le devuelve el valor de lo confiscado.