El juez federal Julián Ercolini avanza para clausurar la investigación y enviar a juicio oral del tramo conocido como “Oil 2”, donde se investiga a 18 ex funcionarios de la AFIP
que habrían favorecido a la petrolera de Cristóbal López para obtener los planes de facilidad de pago, que le permitió no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), durante el último gobierno de Cristina Kirchner. El magistrado le pidió a la única querella que formule su acusación para la elevación del caso, pero el organismo recaudador que dirige Mercedes Marcó del Pont, desistió de acusar. Ahora, se espera el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.
En abril de 2019, Ercolini procesó a quien fue la mano derecha de Ricardo Etchegaray, el ex titular de la AFIP Angel Toninelli, como coautor del delito de administración fraudulenta agravada en la causa por la deuda fiscal de 8 mil millones de pesos de Oil, la empresa de Cristóbal López. El listado de acusados, incluyó otros 17 funcionarios del organismo recaudador, como partícipes de una maniobra que posibilitó el otorgamiento de planes que, para la justicia, no debían concederse.
En esta segunda parte de la causa -que se desprende del expediente central que se encuentra elevado a juicio oral y público- la fiscalía de Gerardo Pollicita investigó el “entramado delictivo que involucra, por un lado a Oil Combustibles” y a “diversos ex funcionarios de la AFIP” incluido Ricardo Echegaray” (ya procesado en el primer tramo).
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la estructura de la AFIP posibilitó que los dueños del Grupo Indalo, “a través de distintas irregularidades en el acogimiento y otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles que dicha firma debía ingresar al fisco”, no sólo no pagó, sino que en cambio “utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo”.
Bajo esos lineamientos, el juez Ercolini procesó a los subalternos de Echegaray cuando estuvo frente a la AFIP, que a criterio de la fiscalía no cumplieron con sus respectivas funciones sino que facilitaron la maniobra que llevó a prisión a Cristóbal López y Fabián De Sousa: defraudar en más de 8.000 millones de pesos al fisco.
Ese fraude, que según la investigación se habría realizado entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 -lapso en que Oil Combustibles omitió el pago del ITC- habría sido posible gracias al aporte clave de la AFIP, “siendo que los ex funcionarios indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda, a la vez que habrían permitido por acción en algunas oportunidades, por omisión otras tantas, un gran número de irregularidades en el tratamiento, otorgamiento y posterior gestión de regímenes de facilidades de pago“, indicó el procesamiento que fue confirmado por la Cámara Federal porteña.
En su resolución, Ercolini destacó que Toninelli, como jefe de la DGI en la época K, permitió a Oil “reestructurar sus pasivos de manera permanente (lo que) finalmente generó la situación que, según Toninelli, se intentó evitar a través de los planes: el estado de insolvencia generalizada de Oil Combustibles SA en particular y del grupo Indalo en general -que esencialmente se costeaba con el dinero del impuesto a los combustibles líquidos (ICL)”.
Para la justicia, Toninelli (también procesado por favorecer a Lázaro Báez), “tomó intervención directa en más de una ocasión durante la maniobra investigada y, en particular, en instancias en las que las actuaciones se encontraban en un estadio avanzado” en niveles inferiores de la DGI que debían aprobar los planes de pago del impuesto.
Tras la confirmación de la Sala I de la Cámara Federal, Ercolini avanza hacia la elevación a juicio del caso.
El viernes pasado, confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la AFIP que dirige Marcó del Pont, respondió al pedido del juez para que formule su acusación como querellante, y señaló que desistía de dicha instancia. El ente recaudador era el denunciante y única querella del caso.
Hay que recordar Marcó del Pont desintegró el Comité Coordinador creado por el macrismo y que estaba integrado por 70 personas, entre técnicos, abogados, especialistas. Tuvieron a su cargo el caso Oil Combustibles, como otras investigaciones: la vinculada a los posibles movimientos de fondos ilícitos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que involucraba al primo del ex presidente Mauricio Macri.
Ahora, en el segundo tramo del caso Oil Combustibles, será el turno del fiscal Pollicita que realizará su requerimiento de elevación a juicio oral. Una vez formulado, el juez Ercolini dará por clausurada la investigación y, sin la acusación de la AFIP, elevará todo a juicio oral.
Los dueños del grupo Indalo están procesados por supuesta “administración fraudulenta agravada” en perjuicio de la administración pública a raíz de no haber pagado al fisco el impuesto a los combustibles líquidos que se les retenía a los usuarios de las estaciones de servicio de Oil Combustibles.
Ese dinero que no se dirigió al pago del impuesto a los combustibles -que según la AFIP macrista supera los 10.000 millones de pesos-, se habría usado, según la acusación, para financiar otras empresas del grupo durante el kirchnerismo, como las vinculadas a medios de comunicación.
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