Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que buscó desplazar el oficialismo, decidió participar del concurso abierto para designar al titular definitivo del cargo que hoy ocupa en la Cámara Federal porteña.
Luego de una enorme controversia, y aunque en 2018 había confirmado su traslado a ese tribunal, la Corte Suprema de Justicia ordenó que Bertuzzi y su colega Leopoldo Bruglia permanezcan allí de forma temporaria.
Pese a que sigue reclamando ante las instancias internacionales por su ratificación en la Cámara de forma definitiva, Bertuzzi decidió participar del concurso abierto para su reemplazo, y además recusó a uno de los integrantes del jurado que evaluará los exámenes, al señalar que se encuentra denunciado junto a funcionarios del actual gobierno.
En una carrera por reducir sustancialmente los tiempos habituales (se tarda tres años y medio en cubrir un cargo), el Consejo de la Magistratura busca cubrir dos cargos claves en la Cámara Federal porteña, donde además irá el ex abogado de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, Roberto Boico, después de que el presidente Alberto Fernández firmara el correspondiente decreto la semana pasada.
Las Salas de la Cámara son revisoras de los fallos y decisiones que adoptan en las investigaciones, los jueces de instrucción. Son en muchas ocasiones -en caso de confirmación de los procesamientos- la instancia previa para elevar los casos a juicio oral. En Comodoro Py sólo hay dos cargos cubiertos con magistrados titulares, uno en cada una de las dos salas, que deberían tener tres integrantes. El kirchnerismo, entienden en Tribunales, busca nombrar allí “jueces afines al Gobierno, por eso apuran los trámites”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Luego del veloz desplazamiento votado en el Consejo, luego en el Senado y firmado por el presidente en tiempo récord, el 9 de noviembre los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi regresaron a Comodoro Py. Veinte días después, el Consejo de la Magistratura abrió el concurso 461/2020 para cubrir sus dos vacantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
Para el concurso, el Jurado Magistrado será Mirta Sotelo, el Jurado Letrado Javier De Luca -fiscal ante la Casación y miembro destacado de la agrupación K Justicia Legítima-, el Jurado Constitucional Adolfo Ziulu, y el Jurado de Competencia General Laura Aguzin.
El viernes pasado, según la documentación a la que accedió Clarín, el juez Bertuzzi decidió inscribirse para el concurso y así, intentar permanecer en el cargo al que fue trasladado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, y que contó con una resolución de la Corte Suprema avalando el mecanismo implementado.
En la nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo, Graciela Camaño, Bertuzzi aclaró que su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa en pie.
“La reserva que realizo resulta procedente como consecuencia de la petición y solicitud de medida cautelar que realicé ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncié que los procedimientos que concluyeron con el inicio del trámite del concurso aquí aludido, vulneran las garantías de estabilidad e independencia judicial que me amparan en mi condición de juez de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ya que expresamente lesionan y agravian los derechos humanos establecidos en las disposiciones convencionales aludidas”, sostiene la nota.
El planteo ante la CIDH contó con el aval de organizaciones internacionales de juristas, que también se presentaron ante el organismo internacional en respaldo al reclamo de Bruglia y Bertuzzi: que el concurso del Consejo de la Magistratura se suspenda hasta tanto se expidan sobre el reclamo en la Corte Interamericana.
Además de inscribirse para el concurso, el camarista recusó a uno de los integrantes del jurado. En el escrito, también dirigido a Graciela Camaño, Bertuzzi señaló que Javier De Luca, se encuentra incluido en una investigación junto Carlos Zannini, Juan Martín Mena, Horacio Pietragalla Corti, Felix Crous, Guillermo Nissen, “todos los cuales desempeñan diferentes cargos como funcionarios públicos de la administración pública nacional y del Ministerio Público Fiscal”.
La investigación se dirige a determinar “la existencia de una asociación ilícita destinada a cometer distintas maniobras delictivas, planificadas y coordinadas, con probable distribución de roles a través de la intervención concreta de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, y tendientes a desplegar posibles acciones de encubrimiento en perjuicio de determinadas causas judiciales en las que se investigan o investigarán hechos especialmente graves y de trascendencia institucional vinculados a presuntos actos de corrupción administrativa o al presunto lavado de activos provenientes de tal actividad”.
El planteo guarda relación con la decisión del Gobierno de retirarse como querellante de los expedientes de corrupción en los que se encuentra denunciada Cristina Kirchner y ex integrantes de su Gabinete. La causa busca determinar si hubo algún “beneficio de los sujetos allí investigados; siendo que en alguna de dichas causas se encontrarían legitimados pasivamente la actual vicepresidenta de la Nación”. Por tal motivo, Bertuzzi pidió que De Luca no participe del tribunal que evaluará los exámenes.
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