
La comisión bicameral de implementación del nuevo Código Procesal Penal adelantó la vigencia de 6 artículos para beneficiar a Amado Boudou y otros condenados por corrupción. Lo hizo argumentado conceptos universales
como la equidad, pero en realidad esconde varias trampas.
Ese nuevo código fue aprobado por el Congreso durante la presidencia de Mauricio Macri pero se iba a implementar en forma gradual y por provincias.
En noviembre de 2019, reformas al código procesal levantaron polémica por los límites a las prisiones preventivas de procesados. Pero ahora estos artículos se centran sobre condenados.
El ex ministro de Justicia German Garavano pidió empezar por provincias del norte y ahora iba a seguir con provincias del sur.
Pero los legisladores que operan directamente para la vicepresidenta Cristina Kirchner rompieron ese plan y hicieron esos seis artículos clave con carácter nacional y a partir de mañana (miércoles).
Entonces, el adelanto de los legisladores K es para influir directamente en las causas por corrupción que se tramitan en la Capital, específicamente en Comodoro Py.
Es otro de las más de diez medidas impulsadas por la vicepresidenta para tratar de mejorar la situación procesal y la de sus ex funcionario.
Si bien por ahora es solo para condenados, estos artículos son un futuro salvavidas para Cristina si también, en el futuro, es eventualmente condenada en causa como los Cuadernos de las Coimas. Así la posibilidad de que cumpla una hipotética sentencia será retrasará aún más.
Es cierto que el nuevo código fue aprobado por consenso por el kirchnerismo y los legisladores de Juntos por el Cambio.
El corazón del código es la obligación de los jueces de delegar las investigaciones en los fiscales y acortar el plazo de las causas. Cualquier expediente que tenga más de 3 años, por ejemplo, obligará a que el juez rinda cuentas, en teoría.
Al margen de la discusión sobre el garantismo de estos 6 artículos y los derechos de los ciudadanos a que no le roben al Estado, este adelanto tiene más trampas.
Por ejemplo, dice que los condenados podrán pedir que se revise su condena con otros jueces distintos a los de la causa. Así en Casación las salas, manejadas por jueces K, revisarán las condenas confirmadas por otros jueces independientes que ahora no podrán decir nada.
Y si se conjuga con el proyecto de crear un tribunal de sentencia arbitrarias, como recomendó la ley Beraldi, se verá más acortado el poder de la Corte y de la Cámara Federal de Casación Penal.
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