
Mientras el Gobierno se reúne con sindicalistas (el miércoles) y empresarios (este jueves) para tratar de llegar a un acuerdo sobre precios y salarios, también trabaja para aumentar los controles sobre
las góndolas.
La Secretaría de Comercio Interior acaba de crear el Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI), que tendrá como objetivo trabajar “sobre políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones”, informó ese organismo, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Según establece la resolución 145/2020 publicada este jueves en el Boletín oficial, el COFECI está integrado por las autoridades de aplicación provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Como representación de la autoridad nacional integrará el consejo la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
El Consejo deberá “establecer y aceitar mecanismos para la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio en todo el territorio nacional. Este nuevo organismo le da un marco legal a la tarea de coordinación y fiscalización que se viene llevando adelante con todos los distritos del país”, aclaró Interior.
Según Paula Español, secretaria de Comercio Interior, “es fundamental la colaboración de los distintos niveles de gobierno para hacer efectiva las políticas del Estado Nacional para proteger los derechos de las y los consumidores y para la óptima ejecución de los programas y regulaciones que tienen como finalidad cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos”.
La funcionaria agregó que se necesita la coordinación entre todas las jurisdicciones “para ejercer el control y el monitoreo necesarios para lograr la efectividad en la administración de precios y abastecimiento”.
El COFECI además se enfocará en la homogeneización de criterios en cuanto a la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior y la recolección e intercambio de información entre entidades públicas, privadas y los sectores productivos para favorecer la eficiencia en la producción y comercialización de los bienes y servicios, agregaron.
Durante el 2020, se realizaron 34.765 inspecciones en todo el país, de las que se desprendieron más de 4.000 actas por infracciones a los precios máximos y 600 clausuras preventivas a comercios de distinta magnitud.
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