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El Poder Ejecutivo oficializ este mircoles, a travs del Boletn Oficial, la entrada en vigencia de seis artculos del Cdigo Procesal Penal Federal que determinan que en adelante una condena slo quedar firme y podr ser ejecutada -por ejemplo, con la detencin- una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisin, lo que incluir puntualmente a la Corte Suprema.
Estos cambios en la ejecucin de la pena quedaron oficializados con la publicacin, este mircoles, de la Resolucin 1/2021 de la Comisin Bicameral de Monitoreo de Implementacin del Cdigo Procesal Penal Federal.
La resolucin de la Bicameral lleva la firma de los senadores Anabel Fernndez Sagasti (FdT-Mendoza), Mara de los ngeles Sacnun (Santa Fe-FdT), Roberto Mirabella (FdT-Santa Fe), Mara Ins Pilatti Vergara (FdT-Chaco) y Mariano Recalde (FdT-CABA), como tambin de los diputados Martn Soria (FdT-Ro Negro), Lucas Godoy (FdT-Salta), Carlos Gutirrez (Crdoba Federal-Crdoba) y Marisa Uceda (FdT-Mendoza).
Con la publicacin en el Boletn Oficial, entraron en vigencia los artculos 366, 367, 368, 369, 370 y 375 del Cdigo Procesal Penal sancionado en el ao 2014, cuyo contenido tendr alcance sobre “todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales”, segn establece la norma.
La incorporacin de estos artculos modificar cuestiones claves de la ejecucin de la pena en todo el territorio nacional ya que, por ejemplo, los seis apartados habilitan a una persona condenada a pedir una nueva revisin de la sentencia condenatoria en el caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emita un fallo en sentido opuesto (artculo 366 inciso ‘f’) en ese caso particular.
Otro de los cambios, no de fondo pero s de interpretacin, est referido a cundo se encuentra firme una condena: lo que variar a partir de ahora es que se considerar que est firme una vez que haya sido revisada por la Corte Suprema y no cuando Casacin ratifica una sentencia, como ocurra hasta ahora.
La entrada en vigencia de la Resolucin 1/2021 tambin apunta a resolver “una situacin de regulacin dismil de los supuestos de revisin de sentencias condenatorias firmes”, dado que estos seis artculos del Cdigo Procesal Penal ya venan siendo aplicados en las provincias Salta y Jujuy.
Por esa razn, la resolucin de la Bicameral menciona como objetivos “la unificacin de los criterios para el ejercicio de ese derecho (la revisin de condena en todas las instancias, incluyendo a la Corte) en todo el sistema de administracin de Justicia del Estado nacional”.
En relacin con ese punto, el diputado rionegrino Soria, uno de los miembros de la Bicameral que firm la resolucin, subray este mircoles en dilogo con Tlam que la entrada en vigencia de los artculos 366, 367, 368, 369, 370 y 375, oficializada este mircoles, concluir con una situacin “inadmisible” que consiste en que “las regulaciones (sobre revisin de la sentencia y el derecho a impugnar a lo largo de todas las instancias judiciales) slo estn vigentes en las provincias que implementaron plenamente el nuevo Cdigo (Procesal): al da de la fecha, nicamente Salta y Jujuy”.
Soria tambin record que “el Cdigo Procesal Penal Federal se aprob con amplio consenso en 2014” y luego afirm que en el perodo 2015-2019 “el gobierno macrista impuls, y el bloque de Juntos por el Cambio aprob, modificaciones a ese mismo Cdigo, que se puso en vigencia en Salta y Jujuy en 2019”, puntualiz ante la consulta de Tlam.
Adems, en relacin a los nuevos artculos del Cdigo que este mircoles entraron en vigencia, el legislador dijo que “algunos tienen la redaccin que les puso el macrismo” mientras que otros “ni siquiera fueron reformados porque fueron analizados y refrendados por el propio macrismo”.
“Por lo tanto –insisti Soria a Tlam- no pueden decir que estn en contra de esos artculos: ellos mismos los aprobaron. Tal vez estn en contra de la oportunidad, pero no podemos suspender caprichosamente las garantas constitucionales slo para que las condenas armadas por el lawfare queden firmes con la mera revisin de jueces como (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky, que entraban y salan de Casa Rosada como si fueran ministros o asesores presidenciales”, critic en diputado en alusin a dos de los integrantes de la Cmara de Casacin Penal.
Este mircoles por la maana, en declaraciones a radio El Destape, Soria seal que la implementacin de los seis artculos del Cdigo permitir “igualar el estndar de cumplimiento de la sentencia para todas las personas” y agreg que el objetivo de la norma no apunta “a algunas personas, como quieren hacer creer algunos medios”.
“No hay una condena firme hasta que la Corte no haya rechazado todos los recursos contra esa condena”, aadi Soria y luego puntualiz: “Eso est en la Constitucin y est reconocido en el mundo entero”.
La senadora Sacnun rechaz la denuncia de “inconstitucionalidad” por vigencia del nuevo Cdigo Procesal
Sacnun salió al cruce de declaraciones del diputado nacional de PRO Jorge Enriquez, durante la reunión de la Comisión Bicameral de Monitoreo del Código Procesal que se realizó por videoconferencia para avanzar en la aplicación del nuevo sistema acusatorio en las jurisdicciones de Mendoza y de Rosario.
Enriquez adelantó que junto a un grupo de legisladores opositores plantearán una reforma a las medidas y calificó como “anticonstitucional” la entrada en vigencia de seis artículos del Código, publicadas en el Boletín Oficial, que determinan que una condena sólo quedará firme y podrá ser ejecutada una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión.
“No coincido para nada con lo que plantea Enriquez. En el fondo de la cuestión el artículo 366 y el resto de los artículos incorporados son absolutamente constitucionales y si hay algo que se da de bruces con la Constitución es el doble estandar en Argentina donde dichos artículos están plenamente vigentes en jurisdicciones como Salta y Jujuy y no en el resto”, explicó.
Durante la reunión presidida por la senadora Anabel Fernández Sagasti, de la que participaron senadores y diputados del oficialismo y de la oposición, Enriquez insistió con la “inconstitucionalidad” de la resolución al afirmar que “se dan de bruces con los artículos 27 y 108 de la Constitución”.
“Vamos a presentar una reforma porque entendemos que el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una instancia judicial sino que tiene que ver con la protección de derechos humanos como puede ser detenciones ilegales, cárceles superpobladas, violencia institucional, etc”, ejemplificó el legislador.
Sacnun calificó como “errado” el planteo opositor y consideró que “el estado de inocencia es garantía por antonomasia de la Constitución y de ninguna manera estos artículos obturan la posibilidad de hacer las medidas coercitivas”.
Para Enriquez, en cambio, la Corte Interamericana “no es una instancia que posibilite revisar procesos judiciales”.
