Plantearán la inconstitucionalidad de la vigencia de un artículo del nuevo Código Procesal

que determinan que una condena quedará firme una vez agotada la instancia de revisión de la Corte Suprema de Justicia, y negó que se trate de medidas anticonstitucionales.

En cambio, el diputado de Juntos por el Cambio, Jorge Enriquez, dijo que “he solicitado, junto a un grupo de diputados, la derogación del Art. 366 inciso F” por considerarlo inconstitucional.

“Esto nada enerva el estado de inocencia. El hecho de que se esté aplicando en Salta y Jujuy si la norma puede ser pasible de ser fulminada de nulidad lo va a ser igual”, agregó Enriquez quien llevará el tema a la Justicia.

Sacnun salió al cruce de declaraciones de Enriquez durante la reunión de la Comisión Bicameral de Monitoreo del Código Procesal que se realizó por videoconferencia para avanzar en la aplicación del nuevo sistema acusatorio en las jurisdicciones de Mendoza y de Rosario.

Enriquez adelantó que junto a un grupo de legisladores opositores plantearán una reforma a las medidas y calificó como “anticonstitucional” la entrada en vigencia de seis artículos del Código, publicadas en el Boletín Oficial, que determinan que una condena sólo quedará firme y podrá ser ejecutada una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión, incluyendo la Corte. Antes era suficiente con un fallo de la cámara de Casación.

Para la oposición, el adelantamiento de la vigencia de estos artículos es para favorecer a Amado Boudou y otros condenados por corrupción.

“No coincido para nada con lo que plantea Enriquez. En el fondo de la cuestión el artículo 366 y el resto de los artículos incorporados son absolutamente constitucionales y si hay algo que se da de bruces con la Constitución es el doble estandar en Argentina donde dichos artículos están plenamente vigentes en jurisdicciones como Salta y Jujuy y no en el resto”, explicó.

Durante la reunión presidida por la senadora Anabel Fernández Sagasti, de la que participaron senadores y diputados del oficialismo y de la oposición, Enriquez insistió con la “inconstitucionalidad” de la resolución al afirmar que “se dan de bruces con los artículos 27 y 108 de la Constitución”.

“Vamos a presentar una reforma porque entendemos que el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una instancia judicial sino que tiene que ver con la protección de derechos humanos como puede ser detenciones ilegales, cárceles superpobladas, violencia institucional, etc”, ejemplificó el legislador.

Sacnun calificó como “errado” el planteo opositor y consideró que “el estado de inocencia es garantía por antonomasia de la Constitución y de ninguna manera estos artículos obturan la posibilidad de hacer las medidas coercitivas”.

Para Enriquez, en cambio, la Corte Interamericana “no es una instancia que posibilite revisar procesos judiciales”.