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En los fundamentos del proyecto, se expone que el caso de Úrsula, que fue asesinada de al menos 15 puñaladas tras reiteradas denuncias contra su exnovioMatías Ezequiel Martínez, “ha vuelto a hacer visible la problemática de la violencia de género y donde se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial”, como así también “la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas”.
En ese marco, la legisladora por Entre Ríos propone que la sanción ante casos de “desobediencia” del agresor, cuando esta se produzca ante una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el marco de un proceso en el que existiera una denuncia efectuada por violencia de género o violencia familiar, la pena será de 3 a 5 años de prisión.
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El proyecto incorpora, además, un párrafo en el marco del artículo 249 del Código Penal -Ley 11.179- en el cual se establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal.
En otro punto, la legislación propuesta establece sanciones de prisión para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la justicia, y también para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención.
Con esta serie de modificaciones, se busca resolver también la dilación que se produce en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género y establecer celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección a las víctimas.
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Sobre este aspecto, dispone que será reprimido con pena de 1 a 6 años, “el juez o jueza, que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar, incurriera en las conductas precedentes o demore maliciosamente la adopción de medidas de protección de la víctima después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.
“Sabemos que no todos los casos son iguales, que no se puede realizar una modificación legal para cada caso, pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones, ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”, sostiene el escrito presentado.
El proyecto lleva las firmas de las diputadas Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jimena López, Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Melina Delu, Graciela Landriscini, Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Parola, Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto y Nelly Daldovo.
AG/MC
