¿Libertad de expresión o delito con penas de cárcel? Debate en España por un proyecto del gobierno

los sentimientos religiosos de algún credo.

Esa es la intención del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, quien anunció que pretende modificar el Código Penal español para que los conocidos como “delitos de expresión” dejen de purgarse en un calabozo.

“Hace tiempo que veníamos defendiendo que era necesario introducir reformas en el Código Penal para evitar que organismos internacionales, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenaran a España por la criminalización de delitos de opinión que comportaban intromisiones abusivas en el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad ideológica”, dice a Clarín Gerardo Pisarello, el jurista tucumano que es secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados de España y enseña Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

La intención de modificar el Código Penal se dio a conocer días antes de que se cumpla el plazo para que el rapero Pablo Hasel ingrese por su voluntad en prisión para cumplir los nueve meses de condena -más 30.000 euros de multa- por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra la Corona y contra las instituciones del Estado que habría cometido en sus tuits y en sus canciones.

Hasel fue condenado, entre otras declaraciones, por haber subido a su cuenta de YouTube su canción Juan Carlos el Bobón y por haberse referido a las fuerzas de seguridad como “Guardia Civil torturando o disparando inmigrantes”.

Tiene tiene hasta este viernes para presentarse a cumplir condena. “Hoy a las 20:00 termina el plazo para ingresar voluntariamente en prisión -comentó Hasel este viernes en su cuenta de Twitter-. Sería una humillación indigna acudir por mi propio pie ante una sentencia tan injusta. Tendrán que venir a secuestrarme.”

Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Fernando Trueba, entre más de 200 artistas, firmaron un manifiesto en el que piden que dejen en paz al rapero.

“En un momento en el que la monarquía está siendo públicamente criticada por presuntos actos de corrupción y hacer bromas sobre el terrorismo en un momento en el que en España no existe, no representan un peligro público”, opina Pasarello, que es además diputado por Barcelona de En Comú Podem, el brazo catalán de Unidas Podemos, el partido que lidera el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias.

“Estas cosas, pronunciadas por un artista, aunque no se compartan no deberían tener una sanción penal”, agrega el argentino.

Los argumentos del gobierno

Lo curioso es que el Palacio de la Moncloa dio a conocer la iniciativa del Ministerio de Justicia de revisar el Código Penal esta semana en un anuncio que partió de la Secretaría de Estado de Comunicación a las nueve de la noche del lunes.

“El ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad”, señala el comunicado del gobierno.

Y añade: “El ministerio, en su propuesta, considerará que aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal”.

Alivio en el mundo del arte

El alivio que provoca este anuncio llegó hasta el Museo Reina Sofía donde su director, Manuel Borja-Villel, celebró ante Clarín la medida que lo eximiría de culpa y cargo ante la querella presentada en su contra por la Asociación Española de Abogados Cristianos: según ellos, la muestra La bondadosa crueldad. León Ferrari. 100 años que el Reina Sofía inauguró en diciembre en homenaje al artista argentino y que se puede visitar hasta abril hiere sus sentimientos religiosos.

Menos de 24 horas después del comunicado de La Moncloa, Unidas Podemos, socios del PSOE de Pedro Sánchez en la coalición de gobierno, registró en el Congreso su propia proposición de ley pidiendo la derogación de los delitos de injurias a la Corona, injurias a las instituciones del Estado, enaltecimiento del terrorismo y delito contra los sentimientos religiosos.

“La Corona no es una institución que esté sometida al escrutinio político al que están sometidas otras instituciones elegidas, representativas, como los miembros del gobierno y, sin embargo, se encuentra blindada penalmente de una manera excesiva y que no tiene parangón en ninguna otra monarquía parlamentaria europea”, dice Pasarello a Clarín.

“Esto provocó en la práctica que se hayan secuestrado revistas por difundir caricaturas sobre la Corona, que se haya condenado a representantes públicos, alcaldes o representantes políticos simplemente por decir que el rey era una persona que había cometido actos de corrupción”, señala.

“Nuestra propuesta es que sólo se mantengan los delitos de odio que son los que afectan a grupos en situaciones de vulnerabilidad -añade el parlamentario-. Que se mantengan sanciones penales cuando afectan a grupos, como por ejemplo, de migrantes, de personas con orientaciones sexuales diversas.”

“Rapear no es delito. Tuitear no es terrorismo. Expresarnos libremente es un derecho humano. Si estás de acuerdo, ¡alza tu voz y firma!”, fue la campaña que lanzó Amnistía Internacional para juntar adhesiones contra la condena del rapero Hasel.

Madrid. Corresponsal

CB

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