En el marco del expediente donde se investiga el otorgamiento de créditos al Grupo Vicentin durante el gobierno de Cambiemos, el fiscal federal Gerardo Pollicita analiza una ruta de dinero
de más de 15.000 millones de pesos. Busca determinar si la cerealera realizó maniobras de lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que a los ex directivos de la firma también se les impute ese delito.
Luego del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vicentin desde 2015, el año pasado, el representante del ministerio Público Fiscal recibió toda la documentación respecto a los movimientos financieros de la empresa.
El listado es extenso, y contabilizan miles de operaciones: transferencias de fondos entre el mismo grupo, con otras compañías, proveedores, entre otros. Esos movimientos suman más de 15.000 millones de pesos en una ventana de tres meses.
En el estudio de la trazabilidad de ese dinero, la fiscalía busca determinar si Vicentin realizó maniobras de blanqueo. Los directivos de la empresa como las ex autoridades del Banco Nación, se encuentran imputados por el delito de administración fraudulenta.
El caso se inició a raíz de la denuncia efectuada el 27 de enero de 2020 por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a raíz del “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin” del 16 de enero de 2020 elaborado por Claudio Lozano, quien como director del Banco Nación analizó la situación económica de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión de la entidad financiera cuando la empresa anunció públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.
La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado a “través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco Nación a favor de Vicentin, lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, “los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.
Por eso, el fiscal solicitó una serie de medidas al juez para avanzar en el análisis de 73 mails y más de 300 archivos que ingresaron a la fiscalía. Ahora además se están estudiando más de mil movimientos de fondos que involucran una cifra superior a los 15.000 millones de pesos, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.
En la causa, se investiga la ruta del dinero para “determinar si se trató de una crisis auto generada” con el fin de no pagar la deuda, una vez que se hubiera logrado “obtener irregularmente la refinanciación”.
Ahora, además, se avanza en otra línea: determinar si hubo maniobras de lavado de dinero. Esto responde a una presentación que hizo la UIF, donde acusó por lavado de dinero a Mauricio Macri, ex funcionarios y al Grupo Vicentin. Entonces, se pidió al organismo estatal que informe si se han efectuado Reportes de Operaciones Sospechosas vinculadas a la cerealera.
Javier Claudio Castelli, abogado de la UIF, había planteado en su momento que el otorgamiento de los créditos a Vicentin “no solo implica una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina”, sino que también hubo “millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos a cuya investigación queremos contribuir de la forma más cercana en el tiempo a los hechos materia de análisis”.
Para la fiscalía, la maniobra se inició con el otorgamiento “irregular de millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento “posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el Banco Nación pudiera hacerlo”.
Así, el representante del Ministerio público Fiscal defendió su pedido al sostener que las ex autoridades del Banco, “lejos de velar por el resguardo y la protección del patrimonio del banco acorde a las expectativas de un buen administrador de negocios, perjudicaron deliberadamente los intereses confiados en el correcto manejo de los fondos públicos en beneficio de las firmas mencionadas”. En la maniobra investigada, para la fiscalía el Grupo Vicentin sólo buscó “beneficiarse patrimonialmente a costa del Estado Nacional”.
La empresa se encuentra intervenida por la justicia en lo Civil y Comercial, que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores en Santa Fe. Vicentin fue el foco de otra marcha y contramarcha del presidente Alberto Fernández, quien había anunciado la expropiación de la cerealera, retratándose después.
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