La Asamblea Legislativa de Bolivia, controlada por el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, aprobó el controvertido decreto presidencial de amnistía e indulto “por razones humanitarias y persecución política” para
más de 1.000 simpatizantes del ex presidente.
La norma beneficiará a un millar de personas, y podría alcanzar al propio ex mandatario, en protección a los procesados entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, durante la presidencia interina de Jeanine Añez.
La oposición manifestó enseguida su temor de que la ley deje en la impunidad varios delitos tras la crisis política que se desató luego de las elecciones de octubre de 2019, anuladas en medio de denuncias de fraude.
Las protestas que sacudieron al país luego de que el entonces presidente Morales se proclamara ganador mientras su principal rival, Carlos Mesa, denunciaba una supuesta manipulación, dejó más de 30 muertes.
“Impunidad a favor de Morales y de su cúpula de gobierno”, dijo este sábado el diputado opositor Carlos Alarcón, en conferencia de prensa en instalaciones de la Asamblea.
El presidente Luis Arce -quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales- envió a la Asamblea Legislativa el decreto de “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos” del gobierno interino de la ex presidenta Áñez, quien asumió el poder tras la renuncia de Morales, en noviembre de 2019.
El Congreso aprobó la norma por mayoría absoluta mientras la oposición gritaba “Democracia sí, dictadura no” y “Justicia”.
“Es una acción que muestra que Luis Arce y la Asamblea Legislativa es dependiente de Morales. No respetan la justicia ni la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter el ex presidente Carlos Mesa, líder de la mayor fuerza opositora en el Congreso, quien perdió las elecciones de octubre pasado en las que se impuso Arce en primera vuelta.
El Parlamento de Bolivia aprobó el viernes a la noche el controvertido decreto de amnistía. Foto: EFE
Los beneficiados
“La amnistía va a beneficiar a más de 1.000 personas que se consideran perseguidos políticos” durante el gobierno de Áñez, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en conferencia de prensa. También se dará indulto a los presos.
Cuando se le consultó si entre los beneficiarios estaría Morales respondió que “la justicia tendría que determinar”.
Morales tiene procesos judiciales por varios delitos, entre ellos fraude electoral, sedición y terrorismo, iniciados en la gestión de Áñez.
La nueva ley establece que la amnistía será para las personas que fueron procesadas penalmente en “franca vulneración de sus derechos humanos, garantías y libertades constitucionales por presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Jeanine Añez, ex presidenta interina de Bolivia. Foto: AFP
Crisis política y acusaciones judiciales
La crisis comenzó el 21 de octubre de 2019 tras las denuncias de un presunto fraude electoral para dar como ganador a Morales, quien buscaba su cuarto mandato consecutivo.
El ex gobernante anuló las elecciones e intentó llamar a nuevos comicios, pero ante las fuertes protestas renunció y se asiló en México y posteriormente en Argentina. Retornó al país después de que Arce asumió la presidencia, en noviembre pasado.
En noviembre de 2019 la entonces senadora Áñez se proclamó presidenta interina, ante la renuncia de los jefes de las dos cámaras legislativas. Organizaciones internacionales criticaron su gestión por el uso de la fuerza contra los manifestantes y la persecución judicial de los partidarios de Morales.
Las diferencias políticas se trasladaron a la justicia con acusaciones cruzadas, por lo que en noviembre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a un grupo de expertos para que desarrolle un trabajo independiente e imparcial sobre la crisis de 2019 en el país.
En tanto, tres días atrás, la Fiscalía imputó a un militar que estuvo al frente de la entidad estatal encargada de la distribución de hidrocarburos, al que acusó de las muertes ocurridas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en los conflictos de 2019.
Fuente: Horas después, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer condenó a dos años de prisión al dirigente campesino Rafael Quispe, actual candidato a la gobernación de La Paz y ex viceministro de la gestión de Áñez, tras cinco años de que la excandidata Felipa Quispe, del partido de gobierno, le interpuso una demanda por acoso político. En Bolivia la ley prevé que una pena menor a dos años no tiene cárcel.
Fuente: AP y ANSA
CB
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