El origen y legitimidad del patrimonio del fallecido expresidente Carlos Menem quedó como un gran interrogante en la justicia federal. La causa acumula más de veinte años y nunca se
determinó si había cometido el delito de enriquecimiento ilícito por los que se encuentran también imputadas Zulema Yoma y su hija Zulemita. Una pericia que aún no fue entregada a la jueza María Eugenia Capuchetti, también demorada por meses, es la última prueba requerida en un expediente añejo.
Investigado en su momento por el pago de sobresueldos a funcionarios de gobierno -fue condenado-, por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural y por la supuesta omisión de cuentas bancarias en Suiza, entre otras causas que afrontó en las últimas dos décadas, el fallecido ex presidente Carlos Menem declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio de tan solo 7,5 millones de pesos.
La Justicia ya dejará de investigar qué sucedió con su riqueza, pero aún quedan imputadas en la causa Zulema Yoma y Zulemita. El expediente inició en la justicia federal hace veinte años, convirtiéndose en una de las causas aún en instrucción más longeva.
En el año 2000, Carlos Menem había finalizado su último mandato presidencial hacía pocos meses. Entonces, el electo vicepresidente Carlos Chacho Álvarez dio la orden de que se radique la denuncia para que la justicia investigue el supuesto enriquecimiento ilícito del riojano. Aunque suene increíble, fue hace sólo dos años, cuando la jueza Capuchetti se hizo cargo del juzgado que perteneció a Norberto Oyarbide, que ordenó una pericia sobre el patrimonio del fallecido ex presidente Carlos Menem, su ex esposa y su hija.
Llegada de los restos del ex presidente Carlos Menem al cementerio islámico de San Justo. Foto: Rafael Mario Quinteros
Los avances del trabajo iban a conocerse durante el año pasado, que estuvo signado por la extensa feria judicial extraordinaria a causa de la pandemia del Covid. La jueza Capuchetti realizó varios pedidos a los peritos a cargo para que retomen las tareas y concluyan una pericia que suena por demás extemporánea. “Nunca se había ordenado desde que se realizó la denuncia por enriquecimiento”, explicó una fuente judicial a Clarín.
El año pasado, como uno de los últimos movimientos en el caso que acumula dos décadas, el ex fiscal Garrido presentó una nota ante el Juzgado 5 donde señaló que podría ser de “relevancia para la investigación” la supuesta existencia de otra propiedad en el patrimonio de Menem, denunciada en otra causa a cargo de la jueza María Servini. Capuchetti pidió que se le remita el expediente mencionado por Garrido, para enviarlo al cuerpo de peritos que realizan el análisis patrimonial del ex presidente Menem.
El análisis patrimonial quedó a cargo de la DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación) que depende de la Corte Suprema, y abarca el período desde 2004 hasta ahora.
Antes de esto, la causa tuvo un extenso recorrido en los despachos de Comodoro Py. En 2013, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la defensa de Menem para archivar el caso, que investigaba al ex presidente por presunto enriquecimiento ilícito derivado de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, por el que Menem fue condenado a siete años de prisión, aunque en 2018 la Cámara de Casación terminó absolviéndolo bajo el argumento de que se había vencido el “plazo razonable” para ejecutar esa pena. El proceso judicial llevaba para entonces 23 años. El procurador ante la Casación pidió a la Corte que revierta ese fallo. Aún no obtuvo respuesta.
El cortejo fúnebre de Carlos Menem, tras su salida desde el Congreso. Foto Reuters.
Bajo la premisa de que parte del dinero que se pagó por aquella venta ilegal de armas habría ido engrosar el patrimonio de Menem o de su entorno, la jueza Capuchetti ordenó la pericia que esclarecería aquella sospecha. La fiscal del caso es Paloma Ochoa.
La denuncia se fundó en las supuestas contradicciones que surgen de las distintas declaraciones de bienes presentadas por Menem en los últimos años de su mandato.
En esas declaraciones juradas se observa -según la denuncia- un “vertiginoso incremento patrimonial y una incongruencia entre ellas, con bienes que aparecen y desaparecen sin causa aparente que lo justifique”.
Entre los datos presentados a la Justicia se señala que en la declaración jurada de 1991 el Presidente reconoció como propio, entre otros bienes, solamente un departamento en La Rioja. Cuatro años después declaró la posesión de tres departamentos en su provincia natal.
El dato subrayado por los denunciantes es que la fecha de adquisición de estos tres inmuebles es anterior a 1991. Según consta en la presentación, habrían sido comprados en 1962, 1986 y 1990.
Hace 15 años los denunciantes también hicieron hincapié en el supuesto incremento patrimonial del ex presidente. En su declaración de 1991, Menem declaró dos departamentos en Capital Federal y una casa en construcción, un terreno, un departamento y un loteo en La Rioja. La presentación patrimonial de 1999 detalla 26 lotes y cuatro inmuebles en La Rioja y tres departamentos en la ciudad de Buenos Aires.
Zulemita, Menem, su madre Zulema Yoma y su nieto Malek, en el cortejo fúnebre. Foto AFP.
El recorrido de la causa
En estos años, el expediente estuvo mucho tiempo en la Cámara Federal de Casación para analizar varios pedidos de prescripción presentados por las defensas, como también de otros planteos procesales.
Los abogados Pedro Baldi y Omar Daer, entonces defensores de Menem, habían reclamado que la investigación del supuesto enriquecimiento ya había formado parte de las causas por contrabando y por presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas de bienes del ex presidente, y que no debía ser analizada en otro expediente. Esto fue rechazado y la causa siguió su curso.
Todo había comenzado en 1996, cuando el fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez federal Jorge Urso (entonces instructor del caso por la venta ilegal de armas) que abra una nueva causa para investigar si por esa operación existió además un presunto enriquecimiento ilícito de Menem, sus familiares y allegados.
Ese nuevo expediente quedó radicado desde sus inicios en el Juzgado 5, que estaba a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Su única medida fue citar a indagatoria a los imputados, el 16 de febrero de 2005.
Entonces hubo un reclamo de las defensas. Aquella citación se produjo sólo seis días antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de la causa, y los abogados adujeron que las indagatorias sólo se realizaron para impedir ese vencimiento y que el expediente pudiera seguir abierto.
El planteo fue recurrente: “se violaba la garantía constitucional de defensa y el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable”. Estas quejas fueron rechazadas y la causa no prescribió, además, porque Menem ingresó al Senado. Eso congelaba la situación.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
