Alberto Fernández le insistirá al Congreso por la reforma judicial pero no pedirá una ley de amnistía

judicial que envió el año pasado y considera emblemática de lo que propone plasmar al cabo de su mandato. El Presidente buscará exponer a diputados opositores pero, fundamentalmente, persuadir a algunos “aliados” del oficialismo, que como aseguró el ultracristinista Oscar Parrilli, dudan y “no dan el ok para sancionarla”. Esa será, aseguran desde su entorno, la señal más fuerte que dará el mandatario y descartan que desde el Ejecutivo se vaya a impulsar una ley de amnistía, como pidió el ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni ante las manifestaciones desde distintos sectores del kirchnerismo para que indulte a Milagro Sala y los cuestionamientos por los fallos de la Corte Suprema de Justicia contra planteos de la dirigente social y el ex vicepresidente Amado Boudou.

A principios de este año Alberto F. reafirmó su promesa de campaña de no firmar indultos de funcionarios y dirigentes kirchneristas, incluida Cristina, y advirtió que se trata de un instrumento que “es una rémora monárquica” y que se puede usar únicamente para beneficiar a quienes han sido condenados. Fue en una entrevista con Radio con Vos, cuando cuestionó el rol de la Justicia. Allí planteó un escenario similar al que este martes delineó Zaffaroni. “Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí”.

Se refirió a la facultad que la Constitución Nacional, en el inciso 20 del artículo 75 le otorga al Congreso cuando sostiene que, entre otras atribuciones, le corresponde “conceder amnistías generales”.

Ante la constante negativa del jefe de Estado de firmar indultos, Zaffaroni sostuvo este martes la necesidad de buscar otra alternativa. “En el ámbito del poder legislativo y parlamentario, para sacarle de encima toda la responsabilidad al Presidente, tendría que componerse una comisión parlamentaria de la verdad”, propuso. Según el ex ministro de la Corte Suprema, para esa comisión se debe “convocar personas que son incuestionables en el país” para que determinen “las características generales del lawfare” y ayuden a “hacer una ley de amnistía”.

En el Gobierno, más allá de resaltar “la trayectoria, el cariño y el respeto que hay por Zaffaroni” y de reprochar las “irregularidades” de la Justicia y la inacción de los tribunales superiores ante lo que fueron “detenciones y procesos arbitrarios” contra dirigentes K, aseguran que “de ninguna manera” está entre los planes de Fernández promover una ley de amnistía. “Ya fue claro: no le corresponde a él indultar a nadie y tampoco meterse con la ley que quiera sacar el Congreso”, explican. Eso implica, de todos modos, que de aprobarse una ley en ese sentido, el jefe de Estado tampoco intervenga para rechazarla.

Otra voz que accede como pocos a la intimidad del poder en la Casa Rosada pide relativizar el peso específico de quienes se pronunciaron a favor de esa iniciativa. Señala que Sala, Zaffaroni y hasta la propia directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, no representan la intención política de la conducción del kirchnerismo. 

En rigor, por ahora, la idea de una amnistía no aglutina a todos los legisladores del Frente de Todos. Y tanto en el Ejecutivo como entre las autoridades legislativas, saben que no están dadas las condiciones para que avance un proyecto en ese sentido. “Si no está el número para ampliar la Justicia Federal, mucho menos va a estar para eso”, es el razonamiento de una encumbrada figura del FdT.

En un año electoral, incluso el kirchnerismo más duro, siempre más audaz que el peronismo vinculado a los gobernadores, sabe que no hay margen para instalar debates polémicos sin afectar la competitividad del espacio. La experiencia de 2013 está bien latente.  

Parte de los cuestionamientos a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que surge de los sectores más radicalizados tiene que ver con esos tiempos. Además de la continuidad sin grandes cambios de las causas, en especial de las que pesan sobre la vicepresidenta, responsabilizan a la amiga y socia de Alberto F. por el estancamiento de las iniciativas que se aprobaron en el Senado. Para quienes se deshacen en reproches, en 2020 “se perdió una oportunidad histórica” y remarcan que con el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, a cargo, otro hubiera sido el escenario.

La defensa que esgrimen quienes apoyan a Losardo se basa en la postura del Presidente, quien respalda hasta las últimas instancias a su amiga de toda la vida. “Ella cumple con lo que le pidió Alberto de no entrar en un toma y daca con los jueces como hacía el gobierno anterior y mantiene un vínculo institucional. Va a criticar todo lo que haya que criticar, como lo hizo el fin de semana, pero el que quiere presionar a jueces que recuerde cómo le fue a la Argentina con Macri”, dice, con cierto fastidio, un amigo en común de la ministra y el Presidente. 

A pesar de lo discursivo y de las voces detractoras públicas porque “no militó la ley”, el análisis respecto a la suerte de la reforma judicial difiere en la cima del poder. En la “mesa de los cinco”, como se conoce al almuerzo semanal que encabeza Alberto F. y en el que se suman el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe del bloque del FdT en la Cámara baja, Máximo Kirchner, nadie atribuyó a Losardo el zigzagueo de los legisladores aliados a los que, horas atrás, Parrilli acusó de ser “cómplices” del macrismo y de que “el lawfare siga vigente” .

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