Alberto Fernández está convencido de que Daniel Rafecas puede ser “un gran procurador”, un jurista “sano” como el que necesita la Argentina para, entre otras cuestiones, romper
con la politización de la Justicia. El concepto lo escucharon casi todos sus dirigentes de confianza con los que barajó nombres antes de enviar su pliego y, ante los cuestionamientos oficialistas y opositores, lo repite como defensa del juez federal pero, en especial, casi a modo de bandera para no resignarse en impulsar su designación, sobre la que volverá a pedir en la Asamblea Legislativa. Pero el Presidente sabe que, a un año de que se anunciara su postulación y sin consenso ni siquiera en el Frente de Todos, el Senado está lejos de aprobarlo. Ante ese escenario, en el Gobierno se empieza a repensar la estrategia.
“El candidato de Alberto sigue siendo Rafecas, pero el pliego está trabado el objetivo es que haya un procurador designado por el Congreso, no se puede descartar nada”, es la aclaración que hacen en la Casa Rosada, con un doble mensaje: por un lado, ratificar que el Presidente no cambió su evaluación respecto al juez federal; y por otra parte, admitir que de cara a un nuevo período ordinario el oficialismo se prepara para agotar todas las alternativas de cara a concretar la designación del procurador y poner fin al mandato de Eduardo Casal.
En el Gobierno apuntan la necesidad de normalizar la Procuración y de terminar con el “interinato eterno” de Casal, que reemplazó a Alejandra Gils Carbó desde su renuncia en octubre de 2017. Hay quienes proponen hacer mella sobre este punto y visibilizar la irregularidad para desgastarlo.
Se omite, por supuesto, la referencia a que su permanencia en el cargo obedece a que, hasta diciembre de 2019, el peronismo en el Senado bloqueó el pliego de Inés Weinberg de Roca, la candidata de Mauricio Macri. El PJ, en su momento, pedía negociar otro nombre y Juntos por el Cambio se negaba.
Ahora es el Gobierno de Alberto F. el que acusa a la oposición de bloquear a Rafecas. Y, más allá del pedido público de Elisa Carrió, reclama manifestaciones de apoyo al juez federal que surjan desde el bloque de JxC en el Senado. “No quieren ni sentarse a hablar porque quieren mantener a Casal que les viene bárbaro”, reprochan. Incluso cuando la propia bancada que responde a Cristina Kirchner no se decide a avanzar con el pliego ni siquiera en la Comisión de Acuerdos, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de la vicepresidenta.
“Primero que propongan su tratamiento formal, es ahí donde fijaremos posición”, es la réplica en la vereda opositora, donde advierten que el kirchnerismo no quiere designar a Rafecas sino reformar la ley del Ministerio Público Fiscal para controlar con más facilidad al elegido. En efecto, la vice avanzó con un trámite exprés con la iniciativa que plantea que el procurador sea electo con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del Senado, es decir 37 votos.
Mientras, el Gobierno, al igual que en el oficialismo en el Senado, descree de que, como plantea Carrió, sean varios los senadores opositores que están dispuestos a votar el pliego y apuntalar el número de oficialistas para alcanzar los dos tercios que fija la ley. Aquella versión de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la ex gobernadora María Eugenia Vidal moverían sus hilos con sus espadas en el Congreso, no prosperó. Al menos públicamente. “Nos hicieron un doble juego y perdimos mucho tiempo esperando ayudas que nunca llegaron”.
Con todo, en Balcarce 50 dudan de entrar en un toma y daca (“¿Qué nombre puede garantizar hoy que lo voten?”, plantean) ni siquiera cuando todavía es un interrogante la postura que, si finalmente sale la reforma del Ministerio Público, adoptará Rafecas, quien había dejado en claro que no estaba dispuesto a continuar en la carrera si se cambiaban las reglas de juego.
En ese sentido, según pudo saber este diario, pese a las diferencias que mantienen la ministra de Justicia, Marcela Losardo; amiga de toda la vida de Alberto F., y el vice Juan Martín Mena, incondicional a Cristina, hoy trabajan en la misma agenda: la aprobación de la ley en Diputados, donde el proyecto quedó en stand by tras el cierre del período ordinario.
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