Por estos días avanza lentamente en la Justicia una causa que se activó en septiembre del año pasado a partir de la denuncia de cuatro ex espías de la AFI contra
la interventora del organismo, Cristina Caamaño, por haber supuestamente violado la ley de inteligencia.
Se trata del escándalo de la filtración de 3.850 resoluciones en las que se difundió el nombre de unos dos mil agentes y ex funcionarios de AFI y diferentes directivos durante la gestión de Gustavo Arribas, de 2016 a 2019.
El expediente lo llevan adelante la jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, se encuentra en plena etapa de declaraciones testimoniales, y según pudo saber Clarín tres de los ex agentes involucrados que presentaron la denuncia solicitaron que se levante el secreto profesional para poder ser querellantes en el caso.
Servini viene tomando testimoniales desde finales del año pasado y lo seguirá haciendo en las próximas semanas, informaron fuentes judiciales a Clarín.
Se trata de una causa que surgió a partir de la difusión por parte del periodista K Roberto Navarro en el Destapeweb de un documento secreto que se sumó al expediente que entonces se tramitaba en Lomas de Zamora por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el titular de la AFI era Arribas.
Recientemente declaró Miguel Ángel Toma, citado como testigo por haber sido jefe de la ex SIDE en la presidencia de Eduardo Duhalde y a partir de una columna de opinión que publicó en Clarín el año pasado en la que revelaba las consecuencias que podían tener las filtraciones de datos.
Es la filtración de datos secretos de la AFI más grande de la historia argentina.
Cuando realizó el requerimiento, el fiscal Eduardo Taiano recordó que el 24 de septiembre de 2020 los ex espías denunciantes se han “enterado” por las redes sociales que Cristina Caamaño “había publicado en el sitio web de la AFI el libro de actas de donde había salido la información de carácter secreto “.
En su momento, los denunciantes sostuvieron que sin perjuicio de que haya ocurrido una cosa o la otra, lo cierto es que dicho documento “salió de la AFI sin el más mínimo resguardo de seguridad“, por lo cual responsabilizan a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño Paiz Iglesias ”.
Creen que Caamaño debería haber ordenado tachar nombres y operaciones secretas. El documento escaneado contiene un código de seguridad “1336” que resulta ser una marca de agua -habitualmente de color rojo en su original- que indica que esa copia en soporte papel tenía un determinado destino como destino puede ser un juzgado o una fiscalía.
Los denunciantes, entonces, destacaron que en dicho libro de actas “se puede observar tanto nombres reales como supuestos o de cobertura administrativa, funciones que cumplían, ceses de actividades por jubilación, renuncias a cargos, relevamientos del secreto para declaraciones testimoniales en sede judicial, personal contratado, Viajes al exterior, designaciones en el Extranjero, cesantías, etcétera ”.
Ahora, tres de ellos están planteando ante el juzgado federal número 1 de Servini el pedido formal para que se levante el secreto. Quieren participar de manera activa como querellantes en la causa contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
También existe una denuncia de la propia titular del ente de espionaje, buscando saber cómo se filtraron los datos de los espías. En la comisión bicameral de inteligencia, Caamaño responsabilizó a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide quienes subieron el documento secreto al sistema informático judicial al que tienen acceso todas las partes.
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