Correo Argentino: un informe técnico avala la tesis del perjuicio al Estado en el plan de pago del Grupo Macri

supuestas condiciones “abusivas” de la propuesta de pago de la deuda que el Correo Argentino, manejado por Socma SA -propiedad de la familia Macri-, mantiene con el Estado. Ese plan, que luego del escándalo quedó en nada, fue formulado por la firma en 2017, cuando Mauricio Macri era presidente.

Fuentes de la investigación penal sostienen que ese trabajo habría estimado una quita de 93% en el monto de la deuda, cercana al número de la fiscal Boquín. Pero los abogados de la empresa lo refutan: según ellos hay un “error técnico”, y se enfocan en otro número. “Boquín dictaminó que la deuda ascendería a 70.000 millones de pesos, pero este informe concluyó que la deuda ascendería a 821.336.152 pesos.” El juez Ariel Lijo no pidió dirimir ese monto, sino reunir pruebas para establecer si el acuerdo era o no desfavorable para el Estado, y si así fuera qué delito federal se habría cometido.

Mientras la justicia civil y comercial lleva adelante el concurso preventivo del Correo SA -donde se negocia y discute la deuda de la empresa, su reclamo por una simultánea deuda del Estado con ella y los posibles planes para pagar- hay otro expediente en Comodoro Py que investiga las presuntas irregularidades en la última propuesta de de pago de la firma, que el gobierno de Macri estuvo a punto de aceptar.

Como medida de prueba, en 2019 el juez Lijo ordenó un informe técnico a la DAJUDECO. En ese análisis, al que accedió Clarín, se estudiaron las seis propuestas de pago que el Correo Argentino realizó a sus acreedores, siendo el Estado el principal. Las mismas iban se formularon desde el septiembre de 2003 hasta el 28 de junio de 2016, cuando Mauricio Macri estaba frente a la Casa Rosada. “Todas las propuestas son parecidas en su esencia”, explicaron desde la defensa del Grupo Socma.

Lo que se ordenó es realizar cálculos en base a una suerte fórmula, “una aplicación”, como explicaron fuentes del caso. ¿Por qué? Porque en la causa radicada en Comodoro Py no se estudia a cuánto asciende la deuda, sino si el acuerdo que no llegó a firmarse iba a ser ruinoso para el Estado.

El juez Lijo pidió a los peritos que contemplen diversos aspectos: los montos discutidos, las fechas de pago, de cesación del mismo, también los intereses. Entonces, se solicitó que se tenga en cuenta el coeficiente y las tasas de interés propuestas, para determinar si la quita que se aplicaba en el acuerdo era desfavorable para el Estado.

El estudio ponderó entonces las cuotas propuestas por el Grupo Socma -un total de 16- y el monto de las mismas. “Cruzando esas variables, esta especie de calculadora utilizada arrojó 126 posibilidades“, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Pero en todas, la quita era superior al 93%. Entre la “mejor” opción y la peor, que es la calculada por la fiscal Boquín (98%), sólo se obtuvo un 5% de diferencia. “El informe confirma así que era un acuerdo abusivo”, indicaron desde la causa.

Los abogados de Socma difieren. “El informe de la Dajudeco contiene un error de enfoque y cálculo respecto a la quita. La fiscal estima una quita del 90% sobre una supuesta deuda de 70.000 millones de pesos, con lo cual la quita no puede ser similar si la deuda es muchísimo menor, como concluye la Dajudeco, mientras la oferta es la misma”, indicaron.

Por ejemplo, el informe detalla que las primeras cuatro cuotas iban a ser de 2.962.053 pesos, y comenzaban a pagarse anualmente desde 2019. Las siguientes cinco cuotas eran de 5.924.107 pesos, mientras que las dos siguientes iban a ser de 8,8 millones. Recién en la cuota doce se disparan los números, con dos cuotas de 44 millones de pesos, una de 60 millones y las últimas dos 88 millones y 258 millones de pesos respectivamente.

“Eso muestra que el acuerdo no era favorable para el Estado, la deuda se pagaba prácticamente en las últimas dos cuotas, y las catorce restantes eran de cifras muy inferiores”, explicaron a Clarín fuentes del expediente. Desde la empresa sostienen que “en ese plan de cuotas se propuso que cuando el Estado pagara la deuda admitida con el Grupo de más de 300 millones de pesos, todas las cuotas que pagaba Correo se actualizarían de inmediato con esa tasa”. 

Desde el grupo empresarial insisten en que el Estado quiere conducir al Correo SA a la quiebra, y atribuyen todo a una persecución política. Destacan que el informe técnico “echa por tierra la acusación de la fiscal Boquín, que dictaminó que la deuda de Correo Argentino SA ascendería a 70.000 millones de pesos, pero la Dajudeco concluyó que la deuda solo podría ascender, según el índice de actualización que se aplique, a 821.336.152 pesos”. En verdad, el trabajo toma esa cifra como la menor posible de cuatro distintas, establecidas según el tipo de tasa de interés tomado. La más alta de todas apenas supera los 4.000 millones de pesos. 

Ni ese monto ni el proceder de la fiscal Boquín son objeto de la causa penal, pero fuentes de la compañía sostienen que “la cifra no es menor, porque la causa en Comodoro Py inició porque dijeron que se debía 70.000 millones y no es así”.

Con una marcada controversia en la lectura del informe pericial, el juez Lijo analizará las pruebas nuevamente, y se le corrió vista a las partes para que se pronuncien sobre el informe. Por delante, no se descartan nuevos llamado a indagatoria.

Un caso con historia

En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos/dólares, más un porcentaje de interés en concepto de actualización.

Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por 1.700 millones de pesos, para compensar supuestas inversiones realizadas.

Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de ese año, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.

Esto último fue lo que diputados del kirchnerismo denunciaron en Comodoro Py y dio origen al expediente a cargo del juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Está bajo análisis la deuda de la empresa y la supuesta responsabilidad de los funcionarios en la negociación de la firma del Correo con el Estado para saldar una deuda acumulada durante años.

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