Una denuncia por abuso de poder puede recaer sobre autoridades del gobierno de Alberto Fernández, tras la apertura de una investigación preliminar por el descubrimiento de un vacunatorio de
privilegio en el Ministerio de Salud.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente en el que se comienza a trabajar y a ordenar medidas de prueba esta lunes, donde una de las principales sospechas es que el listado de dirigentes, sindicalistas y empresarios que se habrían vacunado con privilegios, podría ser mucho más amplia. Se espera que en los próximo días, la cartera que ahora conduce Carla Vizzotti inicie el sumario administrativo ordenado por la PIA.
Hugo Moyano, su esposa, uno de sus hijos de 20 años; la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, el periodista Horacio Verbitsky; el diputado Eduardo Valdés; el senador Jorge Taiana; el empresario Fernando López Aldrey, sus familiares Lourdes y Dolores Noya Aldrey; los empresarios Seza Manukian y Félix Guille, son parte del listado de quienes recibieron la vacuna la Sputnik V, como parte de un circuito irregular implementado desde el Ministerio de Salud.
Ante la “gravedad de los hechos que tomaron estado público”, se resolvió desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrir una investigación preliminar por el otorgamiento de vacunas favoreciendo a dirigentes, sindicalistas, empresarios y amigos del poder político, según se denunció.
El expediente que ordenó iniciar el fiscal general Sergio Rodríguez se basó en un informe de la Unidad de Admisión y Detección Temprana, que planteó la posibilidad de que existiera un “orden paralelo al establecido prioritariamente en razón de grupos de riesgo o interés epidemiológico para suministrar las dosis de vacunas recibidas contra el virus que generó la actual pandemia mundial que nos encontramos atravesando, imponen la apertura de una investigación ágil y desformalizada que permita esclarecer los hechos que se han dado a conocer en las últimas horas”.
Las autoridades de la PIA indicaron que los hechos planteados involucran, “además de las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un ‘vacunatorio VIP’ al que se accedía por medio del ‘contacto’ con el Ministro González García, tal como refieren los artículos de prensa, estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”.
Con la investigación preliminar en marcha y ante las posibles dimensiones y complejidad del caso, se decidió que la misma tramite en el Departamento de Investigación y Litigio de la PIA, que dirige Sergio Rodríguez.
Las autoridades de la PIA indicaron que los hechos planteados involucran, “además de las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un ‘vacunatorio VIP’ al que se accedía por medio del ‘contacto’ con el Ministro González García, tal como refieren los artículos de prensa, estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”.
Por ello, este lunes comenzarán las primeras acciones en el marco del expediente PIA 126-21. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, habrá una reunión con los especialistas que intervendrán en el caso y comenzarán a enviar los primeros pedidos de información y documentación al Ministerio de Salud.
En el área a cargo de la investigación preliminar, entienden que el caso es mucho más profundo, y con las primeras medidas, se buscará determinar la “cadena de responsabilidad, para reconstruir cómo era el circuito, los protocolos de aplicación de la vacuna, en qué parte se violaron los mismos, cómo fue todo y ver la responsabilidad de funcionarios políticos y funcionarios de líneas si la hubo”.
Se solicitarán todos los protocolos correspondientes al Plan de Vacunación, los circuitos de los mismos, para poder determinar “en que tramo del circuito se violaron las exigencias que debían priorizar a personal de salud como personal esencial, como a los grupos de riesgo. Se habló de la existencia de una reserva de vacunas (3.000) para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, “apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19”, indicaron desde la PIA.
También, se ordenarán una serie de declaraciones testimoniales para poder determinar cuántas personas son las involucradas en el circuito del vacunatorio vip, y el grado de intervención de cada uno, para poder así, especificar el grado de responsabilidad de los mismos.
La decisión de investigar el caso, fue tras el planteo de la Unidad de Admisión y Detección Temprana, que señaló los hechos de público conocimiento sobre las vacunas aplicadas a dirigentes, funcionarios, sindicalistas afines al Gobierno, encuadran “prima facie” en las pautas de algún posible daño contra el Estado.
Junto con estas medidas que comenzarán a ponerse en marcha esta semana, la Procuraduría espera que el Ministerio de Salud inicie el sumario administrativo ordenado y del que será querellante la PIA. Vía correo electrónico, se dio por notificada la cartera que dejó Ginés González García.
Al explicar su intervención, la PIA señaló que el organismo debe “procurar adecuar su participación activa a aquellas actuaciones que traten sobre hechos que revistan relevancia social, gravedad económica, interés o trascendencia institucional y/o de gestión”.
Sergio Rodríguez, fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se refirió este lunes a la investigación que realizará: “No hicimos una denuncia sino que empezamos una investigación preliminar por las vacunas. Las investigaciones preliminares son para ver si un hecho público es algún delito penal”.
En declaraciones a El Destape Radio, el fiscal aseguró: “Somos un organismo especializado en hechos de corrupción administrativa Le solicitamos al Ministerio de Salud el inicio de un sumario administrativo disciplinario”, Y afirmó: “Hay que determinar qué sucedió dentro del Ministerio de Salud y determinar responsabilidades”.
En ese sentido, Rodríguez aseveró: “El abanico de delitos va desde el abuso de poder e incumplimiento de los deberes hasta delitos vinculados a malversación de caudales públicos”,
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