
El juez federal Sebastin Casanello dispuso el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la causa penal por presuntos sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus, tras descartarse la existencia de delito, informaron fuentes judiciales..
En la causa, el fiscal federal Guillermo Marijun ya haba dictaminado a favor del sobreseimiento del ministro Arroyo y otros imputados en esa causa, al descartar la existencia de sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus.
En su dictamen entregado al juez Casanello a principios de febrero, el fiscal pidi sobreseer a Arroyo y a otros 15 denunciados.
Ahora, en el mismo sentido, el magistrado sobresey al titular de la cartera de Desarrollo Social.
“De un anlisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigacin y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instruccin del sumario, esta parte no advierte la comisin de conducta ilcita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin y los responsables de las empresas jurdicas intervinientes”, haba concluido el fiscal.
La denuncia haba sido presentada el 20 de abril del ao pasado por el titular de la Procuradura de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodrguez, para que se investigaran posibles irregularidades en contrataciones directas por emergencia autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes.
Las contrataciones se hicieron por un total de 543.408.400 de pesos y en la denuncia la PIA sostuvo que habran sido adjudicadas a “un grupo reducido de empresas” que “en su mayora- cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nacin”
Pero la fiscala sostuvo que a travs de diversa prueba ordenada “se document ” el funcionamiento de las sociedades referenciadas, tratndose en algunas de ellas de depsitos, oficinas comerciales o viviendas vinculadas con las firmas”.
Adems se inform a la fiscala “que el precio fijado corresponda al valor medio de mercados mayoristas y distribuidoras para cada producto, todo ello calculndose con las condiciones de contratacin previstas en el Pliego de Bases y Condiciones”.





