Desde los inicios del chavismo las organizaciones políticas llamadas Colectivos, son uno de los principales apoyos del gobierno. Estas organizaciones han sido acusadas durante estos 20 años, de
comportarse como bandas armadas o grupos paramilitares que mantienen el control político y social, con anuencia del gobierno de Nicolás Maduro. Y el aumento de las invasiones (tomas ilegales) de propiedades de los venezolanos que se encuentran fuera y dentro del país, han sido adjudicadas a distintos colectivos: así lo denuncian de distintas ONG, acusando a los colectivos de utilizar las invasiones como una nueva forma de financiación, avalada ahora por el madurismo en medio de la profunda crisis económica que vive el país.
Colectivos
Según Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), los colectivos son “una extensión del accionar del gobierno en Venezuela, pero operan con un alto grado de independencia”. El analista también remarca la dependencia histórica del chavismo con los colectivos para ejercer el control en áreas urbanas precarias, como los barrios pobres de las colinas de Caracas. En consecuencia, para Pont los Colectivos prestan un servicio de control social, mediante el acceso a beneficios del Estado para asegurar que no aparezcan movimientos antichavistas. Y también se los señala como elementos de apoyo a las fuerzas de seguridad en la represión a las marchas opositoras del 2013, 2014 y 2017.
Expropiación
Ante el histórico y enorme déficit habitacional que posee Venezuela desde hace más de 20 años, el gobierno chavista lanzó en 2018 un nuevo plan para resolver este problema estructural, el plan “Ubica tu casa”. Este plan implica que mediante una decisión de los comuneros, se decide cuáles son los inmuebles abandonados por residentes en el extranjero y se procede a expropiarlos para asignarlos a familias necesitadas.
Desde su inicio, numerosas comunidades de vecinos han acusado tanto a diversos colectivos de haber tomado por la fuerza tanto viviendas como locales, expulsando a las personas que viven allí. Uno de los modus operandi de los colectivos denunciados es irrumpir en edificios en grupos grandes e intrusar departamentos vacíos mientras se amenaza a los vecinos. Y muchas veces se piden coimas a quienes suelen ocupar las casas, y otras veces invaden locales para luego cobrar un alquiler, o colocan negocios propios.
La ONG Frente de defensa del Norte de Caracas denunció en marzo del 2020, mediante su coordinador Carlos Julio Rojas, que colectivos intentaron invadir varios departamentos del edificio El Limón; ubicado en la parroquia Santa Teresa, con la excusa que trataban de resguardarse del coronavirus.
Según Rojas, gracias a la denuncia los vecinos pudieron avisar a la policía que desalojaron a los invasores. La oleada de invasiones desatada durante la cuarentena fue denunciada por esta ONG, registrando en Caracas un total de 53.
Rojas, declaró que el plan Ubica tu casa es una política sistemática del Estado para incentivar las invasiones y violar la propiedad privada. En base a ello ha denunciado una relación entre los colectivos que invaden y el madurismo, acusando directamente a ex concejales del Municipio del Libertador en Caracas de estar involucrados en diversas invasiones, junto al aval de la alcaldesa del mismo municipio Érika Farías, como una contraprestación al apoyo que esas organizaciones dan al gobierno. Pont remarca que los colectivos pueden operar de esta manera en relación a las invasiones, porque poseen un efectivo control territorial. Pero a su vez la situación crítica económica del gobierno impide que muchas veces se les pague por los servicios que prestan.
“ El Estado venezolano no está en capacidad ni tiene la voluntad de disputarle a estos colectivos” .
Por lo que las invasiones se transforman en un nuevo tipo de financiación mediante pedido de coimas, alquileres y control de locales propios. “El estado venezolano no está en capacidad, ni tiene la voluntad de disputarle esto a los colectivos, y por eso se profundiza el problema”, enfatiza Pont.
Dejando al madurismo entre la necesidad del uso de estos colectivos para el control social y político, y la incapacidad para financiarlos. Siendo la permisividad del régimen un reflejo de su propia fragmentación en el control real del territorio de su país.
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