Obligado por el escándalo, el Gobierno acota el “personal estratégico” que tendrá prioridad para vacunarse y crea un registro público

flamante ministra Carla Vizzotti firmó la resolución que delimita y acota la definición de “personal estratégico” que tiene prioridad para inocularse, luego de que trascendiera en las listas los nombres de funcionarios de bajo rango. 

Vizzotti, que ya había definido la creación de un observatorio para monitorear el cumplimiento del plan de vacunación, se tomó su primer semana como ministra para decidir quiénes hacia adelante podrán vacunarse.

En la resolución, Vizzotti fija que quienes accedan a la vacuna por fuera del cronograma por etapas que dispone Salud “deben ser relevantes para garantizar el adecuado funcionamiento del Estado” y “deberán especificar los alcances de su función, el grado de exposición y el riesgo que implica su desempeño”. 

Esta aclaración, apuntan en el Gobierno, deja afuera, por ejemplo, a una persona que está a cargo de las redes sociales, como fue el caso de una integrante del equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán. En cambio, incluye al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien figura entre los 70 inoculados por personal del Hospital Posadas. Pero tampoco podría haberlo hecho Patricia Alsúa, su esposa. 

Así, se comprenderá como personal estratégico a:

-“Las personas que desarrollen funciones de gestión necesarias y relevantes para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo que acrediten el rol estratégico de su función, independientemente de la edad y la condición de salud; y realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición“.

– “Los y las representantes del Estado Argentino en organismos internacionales y los funcionarios jerárquicos y funcionarias jerárquicas que se desempeñen en los mismos que realicen tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición“.

-“Las personas que realicen viajes afuera del país como miembros de delegaciones oficiales encabezadas por integrantes de los Poderes del Estado Nacional; o personas que deban recibir, en nombre de estos poderes, comitivas oficiales que provengan del exterior en representación de otros Estados o de organismos internacionales“.

En todos los casos, deberán pedir autorización a Salud a través del sistema de Gestión Documental Electrónica que se utiliza en la Administración Pública Nacional y será el Ministerio el que convalidará o no la aplicación. 

Al hacer la solicitud, cada funcionario, que se deberá vacunar en centros autorizados, prestará su conformidad para que se difundan sus datos en un registro público que el Gobierno planea publicar, con actualización en vivo. Esto es para evitar eventuales litigios por las leyes de Derechos del Paciente, Datos Personales y Acceso a la Información Pública. 

Al mismo tiempo, el Gobierno quedará habilitado para informar a los medios de comunicación o ante pedidos de información por parte de la ciudadanía otros datos sobre los vacunados: fecha de nacimiento, DNI, cargo/función, repartición, vacuna recibida, número de dosis, fecha de aplicación, lugar de vacunación.

Por otro lado, a sabiendas de que en las provincias cada proceso de vacunación depende de los gobernadores e intendentes, y que eventualmente puede haber más situaciones polémicas, Vizzotti invitará a todas las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir. Un dato: en la primera reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) que encabezó esta semana como ministra, varios de sus pares provinciales transmitieron preocupación por el reclamo popular de publicar los datos de los vacunados. El argumento “oficial” giró en torno a las restricciones que tienen por ley, pero en varios distritos admiten que hubo más casos de vacunados vip.