Perú: las esterilizaciones forzadas de mujeres ordenadas por Alberto Fujimori, en el banquillo de los acusados

denunció la Fiscalía durante la sustentación de la causa por llevar a juicio al ex mandatario.

Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente durante su segundo mandato en Perú (1995-2000), murieron 18, de ellas 5 por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en unas 1.300.

El fiscal Pablo Espinoza, representante de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, presentó la sustentación de cargos contra el exmandatario (1990-2000), sus exministros y otros tres exfuncionarios de salud, en el inicio de la audiencia remota dirigida por el magistrado Rafael Martínez.

Se trata de uno de los casos más emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos que ha esperado más de 20 años para su proceso y después de que otra denuncia previa fuese desestimada por la fiscalía hace unos años.

El expresidente, que ya cumple una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, estuvo representado por su abogado César Nakazaki, pues decidió no estar presente en la audiencia, dado que sostiene que no puede ser procesado por este caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado de Chile.

Fujimori, Yong, Costa, Aguinaga y el exdirector de salud Ulises Aguilar fueron denunciados como presuntos autores mediatos de los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, en el caso de cinco mujeres, así como de lesiones graves para 1.300 mujeres.

Pobres e indígenas

Las víctimas, campesinas pobres y quechuablantes en su mayoría, fallecieron a consecuencia de las complicaciones en las ligaduras de trompas a las que fueron sometidas en condiciones ajenas a la rigurosidad médica, sin preparación previa, ni seguimiento a las cirugías practicadas.

Entre los denunciados también figuran los exfuncionarios del sistema de salud en la región Cajamarca, Segundo Aliaga y Magda González, a raíz de la muerte de Mamérita Mestanza, una de las víctimas, que falleció a los 19 años en 1998.

El fiscal Espinoza explicó que Mestanza “fue a una posta de salud a ponerle una vacuna a su bebé y ahí le dijeron que se tenía que ligar las trompas, la llevaron a un tópico, le colocaron dos inyecciones y se desmayó”.

“Al día siguiente, se despertó, le dieron dos pastillas, y se fue caminando despacio a su casa”, relató el representante del Ministerio Público.

Mestanza, que ya tenía dos hijos, no sabía leer ni escribir, era quechuablante, pero le pidieron que firme una autorización en español para la cirugía.

En el segundo gobierno de Fujimori, el expresidente tenía mayoría en el Congreso, después del “autogolpe” de 1992, y pudo modificar las leyes para legalizar la esterilización e incluirla como un método de planificación familiar, indicó el fiscal.

Espinoza agregó que el objetivo de la esterilización de la población más vulnerable era “reducir la pobreza” y para alcanzarlo el entonces Ejecutivo elaboró “todo un marco jurídico para evitar ser responsables” de eventuales complicaciones en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), como se le denominó oficialmente.

“El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”, afirmó Espinoza.

Sin embargo, el fiscal manifestó que el Estado no protegió los derechos de las mujeres andinas y de los sectores más pobres, donde las familias son numerosas y las mujeres pueden ser agredidas por sus parejas cuando adoptan un método de anticoncepción.

Cifras aberrantes

De acuerdo con un documento firmado por el exministro Costa, el Ministerio de Salud planteaba realizar 150.000 ligaduras de trompas en 1997 y en agosto de ese año presentaba un avance del 43 %, según mostró Espinoza en la audiencia.

El personal de salud estaba coaccionado a cumplir o superar las metas de esterilizaciones y, a cambio, recibía incentivos, mientras que las mujeres agraviadas fueron amenazadas con que sus hijos ya no recibirían atención médica si se negaban, o les regalaban canastas de alimentos, si aceptaban, añadió el fiscal.

Antes del inicio de la audiencia, el abogado de Costa, Humberto Abanto, pidió que la audiencia sea suspendida porque el exministro viajó a Chile para ser sometido a una operación.

Sin embargo, el juez Martínez rechazó su pedido porque el denunciado tenía pleno conocimiento de la fecha de la audiencia, y no se había provisto de los medios adecuados para enlazarse a la sesión remota, lo que puede ser considerado como desinterés de su parte.

La audiencia iniciada este lunes en Lima contó con la participación de un intérprete del idioma quechua, el cual fue haciendo una traducción de la presentación de cargos del fiscal para las agraviadas que hablan este idioma y se conectaron desde diversas localidades andinas junto a sus abogados defensores.

El juez Martínez suspendió la audiencia, después de cinco horas, hasta el martes en que el fiscal continuará con la sustentación de cargos y, a continuación, los abogados de los denunciados responderán con su defensa.

Fuente: EFE y AP

PB​

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