Los fiscales de Comodoro Rivadavia Juan Carlos Caperochipi y Andrea Rubio compararon el robo de vacunas rusas del hospital de esa ciudad ocurrido en enero con el escándalo de
la vacunación VIP que estalló a nivel nacional y que se viene repitiendo en otras provincias.
En un escrito de 10 carillas, al que tuvo acceso Clarín y en el que fundamental que la investigación debe pasar a la Justicia Federal, los fiscales dicen que “todos los delitos vinculados a la pandemia se encuadran bajo el artículo 205 del Código Penal de la Nación que contempla las penalidades para quienes pongan en riesgo la salud pública ”.
Y continúa: “Los distintos hechos de investigación reciente referidos al desvío de las vacunas del circuito establecido y su aplicación en grupos de personas en condiciones no fijadas por el protocolo nacional resultan invariablemente materia de intervención de la justicia federal”.
Los fiscales hacen una clara alusión al escándalo generado por la salida a la luz de vacunados VIP, como amigos del poder nacional y funcionarios y sus familiares, que estalló tras las declaraciones de Horacio Verbitsky y que derivó en la salida del gobierno del exministro de Salud, Gines González García.
Caperochipi y Rubio investigan el robo de 30 dosis de vacunas Sputnik V del hospital Regional de Comodoro Rivadavia, hecho ocurrido entre el 26 y 27 de enero pasado lo que se convirtió en la primera irregularidad en el manejo de las dosis rusas en el país.
La conferencia de prensa de los fiscales de la causa del robo de vacunas. /Archivo
Tras una rápida investigación los fiscales lograron identificar a la enfermera que se llevó las dosis (pertenecientes a la segunda aplicación) y el destino de las mismas: la obra social del Sindicato de Camioneros de Comodoro Rivadavia.
El líder gremial Jorge Taboada, un hombre muy cercano a Hugo Moyano, salió a despegarse en una larga entrevista que realizó en la radio propiedad del gremio. “Nosotros no robamos nada. En diciembre fuimos al hospital a donar un televisor y nos ofrecieron las dosis”, dijo.
En su escrito los fiscales también se quejan respecto a lo tarde que les llegó la denuncia. Si bien el robo ocurrió entre el 26 y 27 de febrero, la misma se realizó recién el 8 de febrero lo que a su criterio “dificultó la investigación”.
También expresan que “se han violado todos los protocolos de conservación y traslado de las vacunas” y dicen que el plan de vacunación es “una estrategia de salud pública nacional” y por eso “la investigación del robo debe quedar en manos de la justicia federal ”.
Avanzan también sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados a nivel local: “Así, no solamente los eventos materialmente concretos contra los bienes del Estado Nacional deben ser investigados por la Justicia de excepción, sino también la posible desviación de las conductas exigidas y esperadas de todos los funcionarios públicos involucrados en la materialización del Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina ”.
El pedido fue aceptado por el juez de Chubut, Miguel Caviglia, y ahora resta esperar la respuesta de la justicia federal. Si acepta o no los fundamentos para investigar el robo. Con un detalle: las dosis robadas aún no han aparecido.
Chubut. Corresponsal.
DD
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