Vacunatorio VIP: la fiscal de San Nicolás reconoció irregularidades y la causa pasaría a la Justicia Federal

una semana del Hospital San Felipe en el que se incautaron los registros vinculados a la campaña de vacunación, la fiscal que entiende en la causa reconoció que hubo irregularidades. “Muchos que no pertenecen al personal de salud figuran como tal en el registro de vacunados”, acreditó Verónica Marcantonio, de la Unidad Fiscal N° 10. Algo que de antemano había deslizado, pero sin confirmación oficial.

La investigación se inició de oficio luego de una denuncia del diario El Norte, y fue precisamente su jefe de redacción, Pablo Humberto González, quien quedó en el ojo de la tormenta. Primo y ahijado del ex ministro de Salud nacional, admitió haberse vacunado pese a no ser personal de salud ni mayor de 70 años. “Me vacuné en el vacunatorio del Hospital San Felipe, estuve a punto de morirme de COVID-19, la pasé muy mal. Me anoté en el registro el 9 de enero, como todo el mundo, no falseé nada, no me puse como grupo de riesgo”, sostuvo en declaraciones televisivas.

En todo momento intentó despegar de su vacunación al ex titular de la cartera de Salud e insistió en que no le pidió “a nadie saltear la fila” y que cuando consultó por qué llamaban a personas que no eran profesionales de la salud, le contestaron que muchos no se anotaban y que tenían las dosis disponibles. Como reconstruyó Clarín, ante la negativa de las autoridades del hospital a entregar un listado con los nombres de los “otros” beneficiados –una información con la que contaban en la fiscalía–, Marcantonio ordenó allanar de manera urgente.

Los directivos reconocieron, entonces, que sí existía una carpeta con esos datos. Y después de varias idas y vueltas, la encontraron en la “Sala de COVID” en la planta baja del hospital.Si bien no trascendieron los nombres ni la cantidad, lo concreto es que hubo gente que accedió de manera irregular a la Sputnik V sin estar comprendida en los grupos de inmunización.

En San Nicolás como en varios municipios de la provincia, la oposición venía cuestionando el plan “Buenos Aires Vacunate”, monopolizado por el ala camporista del gobierno de Axel Kicillof. De hecho, en la ciudad de González García –y más allá de la influencia y las gestiones por izquierda en el ministerio de Salud por parte de Lisandro Bonelli, su sobrino y ex jefe de Gabinete–, La Cámpora tuvo injerencia absoluta en la designación de las autoridades del hospital. Y es sabido el enfrentamiento que mantiene Bonelli, un aliado del massismo, con la agrupación fundada por Máximo Kirchner.

Allegados al intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, responsabilizaron al gobierno bonaerense “porque la vacunación quedó en manos de militantes políticos y sindicales” y por dejarlos fuera del plan provincial. Criticaron, también, que se eligieran las escuelas para vacunar cuando siempre las campañas de inmunización se realizaron en los centros de salud primarios.

De hecho, el propio Passaglia envió a mediados de febrero una nota al Ministerio de Salud de la provincia en la que puso a disposición el Autódromo y el Estadio Único para garantizar una vacunación más eficiente. Y volvió a insistir con la idea de que se considere la posibilidad de utilizar todos los centros de salud municipales, el Cempre y el Hospital de Zona Norte. “Nunca entendimos la lógica de tener que adaptar un establecimiento educativo a un lugar de vacunación. Las escuelas son para las clases, no para vacunar”, sostuvo.

Este martes Marcantonio declinaría de continuar con la investigación por entender que se trata de una causa de interés nacional y, por tanto, de competencia de la Justicia Federal. Todo indica que recaería en manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, de competencia en otros casos de rebote nacional como la muerte de Carlos Menem Junior y la masacre de Ramallo.

Previamente ya se había cursado un oficio al Ministerio de Salud para acceder al registro de los turnos, información vital para determinar responsabilidades. Lo que ahora deberá establecer la justicia es la responsabilidad que le cabe a quienes estaban al frente de la campaña y a quienes habrían incurrido en el delito de falsedad ideológica al declararse personal de salud, cuando en realidad no tenían ningún vínculo con esa función.

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