Audiencias de luz: el Gobierno tendrá un día para fijar las nuevas tarifas

y 30 de marzo. Pero el 1 de abril ya debe estar vigente un nueva esquema de tarifas para los clientes de Edesur y Edenor, que están bajo la jurisdicción del gobierno nacional.

De esta forma, los funcionarios tendrán entre 24 y 48 horas para escuchar las posturas de empresas, asociaciones, consumidores y decidir las nuevas tarifas a una velocidad nunca antes vista.

La interventora del ENRE, Soledad Manin, convocó a audiencias para las transportistas (el 29 de marzo) y las distribuidoras de Buenos Aires, Edenor y Edesur. El Gobierno sigue sin responder una pregunta sobre estas últimas. Y es si recibirán una compensación de $ 30.000 millones cada una para no aumentar sus tarifas en 2021.

Edenor fue vendida a fines del año pasado a un grupo conformado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Esta asistencia de $ 30.000 millones podría generar controversia a los opositores a la operación. Entre ellos, están los legisladores de la Coalición Cívica. Allí ven cierta intervención de Sergio Massa, presidente de la cámara de Diputados, en esta venta que realizó Marcelo Mindlin (accionista de Pampa) al tridente comprador.

En las audiencias, el ENRE “pondrá a consideración el cuadro tarifario de transición propuesto para los próximos dos años“, indicó el organismo en un comunicado. Eso sería diferente al esquema del gas, donde solo está previsto una revisión (la de 2021), a la espera de otra nueva revisión tarifaria integral en 2022.

El Gobierno denomina a este proceso “Regímenes de Transición” regirán en transporte y distribución eléctrica hasta que haya un “acuerdo definitivo de renegociación”.

De todas formas, hay dudas sobre si los pedidos de las distribuidoras, como Edesur y Edenor, serán escuchados por las autoridades.

Como precedente, están las presentaciones realizadas en estos días por las licenciatarias de gas. Nadie cree que esos pedidos sean reflejados por el Gobierno en las tarifas.

Las distribuidoras de gas solicitarán una recomposición de entre 51% y 148% en la audiencia pública de tarifas que tendrá lugar en dos semanas. Pero esa suba no llegará directamente a las boletas porque la distribución es solo uno de los componentes de las facturas.

Metrogas, una de las dos distribuidoras de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y controlada por YPF, solicitó una recomposición del 148%. Eso sería para ponerse al día con respecto a abril de 2019, cuando fue el último ajuste. Eso implicaría una suba superior al 45% en la boleta final.

Pero, atendiendo la emergencia, la compañía rebaja su pretensión al 58%, a la espera de renegociar en 2022. El impacto en las boletas estaría entre 10% y 25%, según la fuente que se consulte. En el Gobierno lo ven cerca del 10%, pero un consultor y ex funcionario experto en el sector supone que ese nivel de recomposición encarecería un 25% la factura, solo por este concepto.

Fuentes oficiales consideran que no será atendido el pedido de Metrogas de mínima (ese 58%), ni de máxima (el 148%).

En sintonía con Metrogas, Naturgy (Gas BAN), que abastece a la otra mitad de la ciudad y el conurbano reclama un aumento máximo de 128% y uno de mínima del 51%. “Impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio”, según esa firma, si le conceden el 51% que ofrece como parte del esfuerzo.

Más allá de los precios de mínima y máxima, las distribuidoras le proponen otras dos variantes al Poder Ejecutivo. Una es aplicar incrementos en los cargos variables (el consumo) y no tanto en el cargo fijo, y la otra opción es al revés: dejar un cargo fijo (por la categoría tarifaria) más alto y menor peso para el consumo.