Caja de jubilaciones del Banco Provincia: repleta de juicios y un agujero de $ 10.870 millones

de medidas cautelares que obligan al pago inmediato de las sentencias, fallos de la Justicia en favor de los jubilados, y una “acción colectiva” para sus 15.000 afiliados.

Por la ley 15.008, aprobada durante la gestión María Eugenia Vidal, el Banco Provincia debe cubrir el déficit de la Caja, agrandado por los pagos de las sentencias. Y “todo indica que el déficit, la conflictividad y la judicialización van a crecer, comprometiendo aún más al Banco”, reconocen en el Gobierno de la Provincia.

“La gestión actual se ha propuesto garantizar la sostenibilidad de la Caja de jubilaciones, pero en el marco de una búsqueda de consensos con las y los trabajadores y jubilados. Es por eso que se han concretado distintas instancias de diálogo con el sindicato bancario y las asociaciones de jubilados, y estamos logrando tener intercambios muy constructivos que han permitido acercar posiciones”, dicen en la Gobernación, algo que repiten todos los involucrados, pero nadie dice cuál es la solución.

La Corte Suprema de la Provincia convocó a varias audiencias, cada una de las partes expuso su punto de vista, pero hasta ahora “nadie le encontró la vuelta”. 

Los empleados del Bapro tienen un sistema jubilatorio propio. En diciembre de 2017, con las modificaciones de la ley provincial N° 15.008, se incrementó la edad jubilatoria y se redujo el haber del 82% del sueldo al cese laboral al 70% de las remuneraciones actualizadas de los últimos 10 años.

En tanto, con la movilidad según el régimen anterior a la reforma, los beneficios eran móviles y se actualizaban cada 60 días en función de la variación porcentual de los salarios de los empleados del Banco.

Con la modificación la movilidad pasó a ser determinada por la ley nacional 26.417 (70% inflación y 30% RIPTE), luego por los decretos presidenciales, del régimen general nacional de ANSES y ahora con la nueva ley de movilidad.

Por otro lado, la ley 15.008 dice que el Banco debe afrontar con sus utilidades y “en la cantidad suficiente para solventar la atención de los beneficios que debe brindar la Caja” y “para cubrir eventuales desequilibrios financieros entre ingresos y egresos por pago de prestaciones”.

Con esa reforma, la ex gobernadora Vidal traspasó los desequilibrios de la Caja al Banco, buscó “ajustar” las jubilaciones y adecuarlas al sistema nacional apuntando a que la ANSeS le diera asistencia financiera por el déficit, como pasa con las Cajas provinciales no transferidas a la Nación.

Sin embargo, por afectar “derechos adquiridos”, la Justicia Provincial se llenó de juicios favorables a los jubilados.Y no hay “consenso” en cómo “salir del pantano”.

La abogada Andrea Falcone explica que “el trabajador del régimen general aporta a la ANSeS el 11% de su salario y el trabajador del Banco ha aportado entre el 14% y el 23% a lo largo de su carrera, además de aportar cada primer aumento, como activo y luego como jubilado, íntegramente a la Caja y de seguir aportando como jubilado el 8,2% de su jubilación o pensión. Por eso tienen derecho a una movilidad especial, atada a los salarios en actividad y por los reclamos judiciales por vía cautelar obtienen los aumentos acordados en las paritarias, más las retroactividades hasta enero de 2018 mientras reclaman las sumas retroactivas que dejaron de percibir”.

Falcone agrega que “es un antecedente interesante que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires cite a las partes para intentar llegar a un acuerdo y evitar que más acciones judiciales se sigan sumando a las 1500 ya iniciadas. Pero no hay que perder de vista que la Justicia habla por sus fallos. La Corte no puede seguir dilatando su pronunciamiento, sobre todo porque las partes parecen no encontrar una solución”.

Otra novedad, según la abogada Miriam Larroque, es que la semana pasada un Juzgado de Lomas de Zamora aprobó una cautelar en favor del jubilado del banco por los descuentos por el impuesto a las Ganancias.

NE

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