9.31: El periodista Roberto Navarro le atribuye una frase al Presidente y anuncia en su portal, El Destape, que “el Gobierno creará una Comisión Bicameral para investigar al Poder Judicial”.
10.31: Navarro entrevista en su programa de radio del mismo sitio al senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli y le pregunta qué opina sobre la decisión de Alberto Fernández de pedirle al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de avanzar con la creación de una Bicameral.
10.32: El senador, según aclararían luego desde su entorno, da por válida -sin saber su veracidad- la supuesta declaración de Fernández, respalda la iniciativa y redobla: pide “que los jueces y fiscales concurran a la comisión bicameral que los va a investigar”.
11.10 El pedido de Parrilli ya ocupa las primeras planas de los medios, aunque tanto en la Casa Rosada como en el Gabinete -incluso en el Ministerio de Justicia- y en la Cámara de Diputados dicen no estar al tanto de la iniciativa que a priori colisiona con las facultades constitucionales que tiene el Congreso. “No hay nada”, repetirán, casi a modo de desmentida, distintas fuentes oficiales durante buena parte de la jornada y apuntarán que sólo acordó charlar con Massa “el fin de semana”.
18.30: Extraoficialmente, tras un prolongado y sugestivo silencio, voceros de la Casa Rosada comienzan a admitir que el Presidente apoya la iniciativa. Y van más allá: “Es de Alberto”, aseguran.
El repaso cronológico de lo que ocurrió este miércoles sirve para entender los interrogantes y cómo se gestó la rimbombante iniciativa a la que el Gobierno, más allá de sus críticas constantes a la Justicia, recurre en buena medida -y con cierto éxito- para correr del debate público el escándalo por el vacunatorio VIP, un tema que impactó de lleno según las encuestas en una porción del electorado que se inclinó en la última elección por la fórmula de los Fernández.
De la Bicameral, que según Navarro el Presidente consideró “que nazca desde Diputados con Sergio (por Massa) porque si parte del Senado van a creer que es Cristina“, sólo hay en firme que habrá una reunión el fin de semana entre ambos. Esa reunión, de todos modos, había sido acordada de antemano, minutos después del discurso de apertura de las sesiones ordinarias.
La interpretación de diputados y senadores, y hasta de las propias espadas judiciales del Frente de Todos era que aquel “control cruzado” del Poder Judicial que el mandatario le había reclamado al Congreso tenía que ver con la posibilidad de iniciar Juicio Político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Al cabo, los ministros del Alto Tribunal habían sido receptores de durísimas críticas por parte del Presidente.
Por eso, incluso este miércoles, no hay precisiones respecto a cuándo, cómo ó, mucho menos, el contenido del proyecto. Incluso cuando Parrilli ya avisó que está dispuesto a redactarlo en unas horas.
Lo curioso es que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante de la comisión de expertos que asesoró al Presidente en materia de Justicia y a quien el mandatario consultó en las horas previas al discurso, se desligó de la iniciativa y dijo que la Bicameral para controlar al Poder Judicial “no” estuvo en el paquete de propuestas que le trasladó el grupo que integró, entre otros juristas, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner.
En medio de un cúmulo de versiones, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, salió este miércoles a aclarar que el Presidente “pide que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene”. En ese sentido, relativizó el poder que tendría el órgano. Explicó que “lo que hará le bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas”, pero concedió que “lo que no puede arrogarse son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias” y, en consecuencia, que “no va a poder sancionar jueces, porque eso no es constitucional”.
Que Losardo, amiga de toda la vida y socia del jefe de Estado, haya hecho un impasse en su perfil bajo para bajarle el tono al impacto de la Bicameral abrió el interrogante respecto a si se trata de una marcha atrás. En el Gobierno dicen que en los próximos días, tras sus viajes por el Interior (Río Negro, Santiago del Estero y, el fin de semana, Mendoza), le dará forma a la iniciativa. Entre los colaboradores presidenciales no genera inquietud que el debate se estire y que la avanzada contra la Justicia acapare buena parte de los titulares. El operativo para cerrar la herida por el vacunagate está en marcha.
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