Es el segundo “adelanto” en lo que va del año: $ 1.000 millones por enero y ahora $ 1.200 millones por febrero. Son transferencias de la Superintendencia de Servicios de Salud
(SSS) a las obras sociales del Sistema Único de Reintegros (SUR) por “las solicitudes ingresadas hasta el 23 de febrero del 2021, con el objeto de garantizar el financiamiento del Sistema de Salud realizando una distribución equitativa de los recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución”.
Como explicó Clarín, estos fondos no son un aporte del Estado a las obras sociales. El Fondo de Redistribución se financia con una parte de los aportes y contribuciones sobre la masa salarial que va al sistema de obras sociales.
Este mecanismo de adelantos a través del Sistema Único de Reintegros del organismo que encabeza Eugenio Zanarini ya movió, el año pasado, un total de $ 23.909 millones.
SUR es un programa de salud que distribuye entre todas las entidades el pago de las prestaciones de tratamiento prolongado y más costosas, de alto impacto económico. Lo que se busca a través del programa es evitar que ese mayor gasto termine concentrado en determinadas entidades, en especial entre las que tienen menor cantidad de afiliados o respaldo financiero.
La Resolución oficial señala que la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros “ se encuentra funcionando dinámicamente, mediante un esquema de días y turnos que han posibilitado la presentación de un importante número de solicitudes de reintegro”.
No obstante, “persiste la imposibilidad de este Organismo para dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos”.
La transferencia es un “pago a cuenta” con “el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de COVID-19”. Y dentro de los 180 días la obra social “que no cuente con stock de solicitudes suficiente para la detracción de los adelantos efectuados se les debitaría la suma resultante de los subsidios automáticos”, a la vez que deben “estar al día con la presentación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos”.
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