En un contexto en el que los femicidios siguen conmocionando a la sociedad, este domingo 21 el Gobierno creó mediante el decreto 123/2021 el Consejo Federal para la
Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Estará conformado por las titulares de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y de Mujeres, Géneros y Diversidad. Tras los últimos casos, todos de gran repercusión mediática, se trata de una respuesta interinstitucional y, ojalá que no tardía, para tratar de combatir un problema que se agrava en forma constante.
Las tres ministras que compondrán inicialmente el consejo son Sabina Frederic de Seguridad, Marcela Losardo de la cartera de Justicia, y Elizabeth Gómez Alcorta de Mujeres, Géneros y Diversidad. Son las cruzadas del Gobierno contra los femicidios. Las tres ministras crearán un reglamento interno de funcionamiento a la espera de la incorporación posterior de los ministerios análogos de las provincias y CABA que serán invitados a participar.
Perfiles de las ministras
Los CV de las tres ministras abocadas a la temática difieren mucho entre sí. Frederic es licenciada en Ciencias Antropológicas, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente del Conicet. La mayoría de su extenso trabajo académico se centra en el estudio las fuerzas de seguridad. Losardo es abogada y amiga de Alberto Fernández, con quien en 1989 fundó un estudio jurídico. Y Gómez Alcorta es abogada y especialista en Ciencia Política y Sociología. Como abogada participó en causas relevantes, entre ellas la defensa de Milagro Sala desde 2016.
NOTICIAS dialogó con el equipo de Gómez Alcorta para consultar por el financiamiento del nuevo Consejo Federal. La respuesta fue que no habrá ninguna nueva erogación presupuestaria. “Como en el caso de las ministras, las subsecretarías correspondientes, las directoras correspondientes y así la misma réplica en cada una de las provincias, las integran personas que ya tienen un cargo asignado, no se le asigna un nuevo cargo para esto”, detalló Saldria Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de Violencias.
El Consejo deberá redactar un informe anual de las acciones realizadas en las provincias y el país, que se enviará al Congreso de la Nación. También deberá congregarse en reunión cada seis meses, con un esquema de trabajo que tenga en cuenta las particularidades de las diferentes provincias.
Los números de la violencia de género
Actualmente la Argentina posee muy pocos datos oficiales, uno de ellos es el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, revela que en 2019 se contabilizaron 252 víctimas de femicidio incluyendo cinco travesticidios y trasnfemicidios. Según Malacalza, el sistema integrado que propone el Consejo viene a resolver el problema de la falta de datos unificados.
Según explica la funcionaria, hay muchos casos de violencia de género que no inician una denuncia o causa judicial, quedando por fuera de las intervenciones en las áreas municipales, escolares o de desarrollo social donde la persona busca asistencia. Así, el sistema integrado vendría a resolver el problema, especificando mediante un sistema de alertas el riesgo que puede correr cada mujer en una situación determinada y qué nivel de ayuda requiere del Estado.
El femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, quien murió apuñala por su ex pareja Matías Martínez tras reiteradas denuncias, es un claro ejemplo de la falta de acción del Estado, en especial cuando el victimario es parte de una de sus fuerzas. Otros casos como el femicidio de Ivana Módica, en La Falda, Córdoba, quien fue estrangulada por su marido ex miembro de la Fuerza Aérea, muestran la reiteración del problema.
NOTICIAS habló con Victoria Aguirre, coordinadora de Mujeres por la Matria Latinoamérica (MuMaLá). Aguirre reflexiona en relación a qué casos, como el de Úrsula, son el ejemplo de la ineficiencia estatal. “Existen perimetrales que se auto renuevan pero nadie las controla, por lo que se sigue perjudicando a la víctima sin controlar al violento”, dice. En cuanto al Consejo Federal, si bien lo festejan con expectativa, remarcan la presente falta de datos oficiales, a lo que la especialista agregó: “venimos pidiendo datos hace cinco años”. Para Aguirre, la herramienta más urgente para abordar este problema es declarar la emergencia. “Si no lo hacemos nos quedamos en lo discursivo –dice–, ¡estamos en emergencia!”.
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