El diputado del Frente de Todos y ex intendente de General Roca, Río Negro, Martín Soria fue sobreseído en una causa por el cobro de “aportes voluntarios” a su gabinete comunal
por unos 450 mil dólares. Pero cuatro de sus ex colaboradores siguen imputados en una causa, informó el diario Río Negro.
Tras la renuncia de Marcela Losardo, Soria es uno de los candidatos de Cristina Kirchner para el ministerio de Justicia de la Nación.
Soria, convertido en un ultra defensor de la vicepresidenta, fue beneficiado por la decisión de la fiscal jefa de Río Negro Teresa Giuffrida quien confirmó el sobreseimiento del ex intendente de General Roca y ex candidato a Gobernador de la provincia.
Pero la fiscal jefa decidió mantener la imputación contra las máximas autoridades de la Secretaría de Hacienda durante la gestión anterior.
La representante del Ministerio Público decidió central el caso en el área contable del municipio para determinar si sus titulares efectivamente cumplieron con los procedimientos previstos por las normas vigentes para el manejo de fondos públicos.
La denuncia por peculado había sido presentada en marzo del 2019 por el abogado Nicolás Suárez Colman. Este aseguró que todos los integrantes del gabinete municipal de la gestión anterior resignaban mensualmente un 6% promedio de su sueldo y que ese dinero luego era entregado en mano a Soria.
A fines del 2020 la fiscal Julieta Villa desestimó por completo la denuncia, afirmando que el procedimiento implementado era “desprolijo” pero no constituía un delito.
El denunciante pidió la revisión de esa medida por un representante de una instancia de la justicia de Río Negro y recibió la notificación sobre la decisión de Giuffrida, quien consideró que “corresponde profundizar la investigación respecto de algunos de los funcionarios denunciados y confirmar la desestimación respecto de otros”.
La fiscal jefa aceptó que los aportes del gabinete eran para el “proyecto político de Martín Soria”, que eran voluntarios y que no hubo perjuicio económico para el patrimonio del municipio de Roca.
Pero consideró que, más allá de eso, “cierto es que en los recibos de sueldo de los funcionarios públicos figuraba un monto neto a cobrar superior a la suma que se depositaba en el Banco en concepto sueldo”.
“El aporte voluntario que hacía cada funcionario municipal se entregaba en efectivo al Sr. Intendente Municipal, Dr. Martín Soria, sin que tal deducción quedara reflejada en el recibo. Aún cuando el patrimonio de la Municipalidad no se vio afectado y los aportes fueron voluntarios, el mecanismo para efectuar las retenciones y entregar los aportes en efectivo al Dr. Martín Soria para el proyecto político aparece como sumamente informal, sin registraciones contables”, destacó Giuffrida.
En un escrito, resolvió que “corresponde investigar si los funcionarios de la Dirección de Contabilidad y Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad durante el período denunciado cumplieron con el procedimiento administrativo contable en el manejo de fondos públicos que habilitaba el descuento, el depósito en la cuenta sueldo por un monto menor al que figuraba en el recibo de sueldo y el pago en efectivo al destinatario del aporte”.
De esta manera, la causa seguirá enfocada en las actuaciones de la extitular de Hacienda y actual secretaria de Gobierno de la intendente de General Roca, Mariana Soler, y de la exdirectora de Contabilidad y Finanzas, Roxana Vallogia.
Sobre el ex intendente Soria y los exintegrantes del Tribunal de Cuentas, Marta Pellegrini, Juan Pablo Urquiaga y Luciana Osácar, la fiscal jefa de la provincia dispuso confirmar la desestimación “porque, con la información reunida hasta ahora, no hay elementos que permitan atribuirle un delito”.
La denuncia fue presentada por el abogado Nicolás Suárez Colman, quien adjuntó al escrito la imagen de un recibo de la Municipalidad de Roca, fechado el 2 de abril del 2018, en el que se registra el pago de 78.000 pesos en concepto de “Ret. Sueldos. Gastos Reservados”. Ese documento tiene una firma y en la denuncia se asegura que es la de Soria.
El eje de la denuncia está puesto en los aportes de los funcionarios políticos para el financiamiento partidario, en este caso el PJ local que preside Soria.
Según la ley de financiamiento electoral, cada partido debe contar con una cuenta abierta en el Banco Nación y allí se deben depositar el aporte que los funcionarios hacen por su condición de afiliados.
Según explicó Suárez Colman a “Río Negro”, durante la gestión de Martín Soria esa formalidad de computar el descuento en los recibos se interrumpió, pasando a un esquema “secreto” e irregular.
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