Aunque Cristina Kirchner nunca lo confirmó en público, quedó para el historial de las campañas que la decisión de poner a Fernanda Vallejos como su compañera de
lista en 2017 en la Provincia obedeció a la vehemencia con que la economista defendía las posturas del kirchnerismo en los debates de TV. Era pleno apogeo del macrismo. Y ahora que el Frente de Todos decidió querellar a ex funcionarios de Cambiemos por la deuda que contrajo durante su gestión con el FMI, la diputada subió la apuesta y pidió que el organismo “indemnice a la Argentina”.
Vallejos preside actualmente la comisión de Finanzas de la Cámara baja y espera renovar su banca este año. Desde que Mauricio Macri decidió volver a pedir un préstamo al FMI, en 2018, la economista venía siendo crítica. De cara al futuro, reclama también que el ex presidente responda con su patrimonio, en el marco de la querella que decidió iniciarle el Gobierno.
“Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años no sólo serían penalmente y administrativamente responsables, configurando un acto de administración fraudulenta en contra del erario público, entre otras figuras, sino que, además, deberían responder con su patrimonio por ese accionar criminal“, propuso.
Desde el macrismo rechazan estas acusaciones y las enmarcan dentro de la grieta, agudizada por la campaña en un año electoral. Argumentan que el grueso de los préstamos se utilizó para pagar y refinanciar deudas de gestiones anteriores, incluidas las del kirchnerismo.
Lo concreto es que el FMI le otorgó al gobierno de Cambiemos un crédito de 57.000 millones de dólares, del que llegaron a cobrarse unos 44.000 millones. Ahora, el ministro Martín Guzmán espera alcanzar un acuerdo para poder refinanciarlo. Vallejos va por más.
“Tiene que haber una indemnización para la Argentina a la hora de negociar, esto significa llegar a un acuerdo en las condiciones que se puede pagar y sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales: recuperar la actividad económica y el empleo, mejorar la situación de los salarios y resolver la situación de desigualdad”, señaló.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, con el ministro Martín Guzmán, en febrero del año pasado, durante una conferencia en el Vaticano. Foto REUTERS.
¿En qué podría consistir esa compensación? “Puede haber una quita y una extensión de los plazos, porque cuando el préstamo se otorgó en condiciones que nada tienen de convencional, no hay motivos para pensar que tenga que haber convencionalidad a la hora de resolver eso que claramente estaba mal dado”.
Según Vallejos, hubo distintas “irregularidades” en el otorgamiento del préstamo. Así lo argumentó:
– “El gobierno de Macri firmó la Carta de Intención sin que existiera expediente previo, a través del cual debió haber tramitado la decisión”.
– “Tampoco hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, otro elemento que vuelve inválido el acto administrativo”.
– “No hubo dictamen previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos, un requisito fundamental para contratar deuda externa”.
– “No se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, no hubo decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA”.
La postura de Vallejos refleja la postura del ala más dura del oficialismo, donde incluso hablan de postergar un acuerdo con el FMI si esto implica restricciones presupuestarias en un año electoral. Otros actores dentro del mismo Gobierno, más muchos representantes de la oposición, las empresas y el mercado, creen en cambio que es necesario un acuerdo rápido para dar previsibilidad a una economía que viene en rojo hace años.
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