La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió el juicio político para el juez de Paz de la ciudad bonaerense de Rojas, Luciano Callegari, al considerar que mostró “negligencia e incumplimiento de sus
deberes” ante las denuncias por violencia de género formuladas contra el acusado de matar a Úrsula Bahillo.
“El juez no defendió a la víctima, demoró dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado”, sostuvo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al formular el pedido junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol).
Es el segundo pedido de juicio político contra Callegari. El anterior había sido presentado por la ONG Usina de Justicia, pocos días después del femicidio.
Úrsula Bahillo tenía 18 años. Fue asesinada a puñaladas.
Úrsula, de 18 años, fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, en la localidad de Rojas. Por el crimen fue detenido su ex pareja, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martinez, a quien la víctima había denunciado varias veces por ejercer violencia, amenazas y hostigamientos.
El crimen desató una fuerte reacción en Rojas. Callegari fue señalado por la familia de Úrsula no sólo por no haber detenido a Martínez tras las denuncias de la víctima, sino también por no haber entregado el botón antipánico que debían asignarle a la joven tras la reiterada violación de la restricción perimetral del oficial de la policía bonaerense.
El pedido de jury a Callegari se basa en que “dejó en evidencia un desconocimiento de la normativa de derechos humanos en relación a la tutela de las víctimas de delitos en general, y en especial, de aquellas que sufren violencia de género”, indicó la Defensoría en un comunicado.
Además, se considera que “mostró desidia, y ante la progresión de hechos de violencia, sólo administró medidas preventivas con injustificable lentitud y omitió velar por su concreción material, aun cuando el agresor contaba con amplios antecedentes violentos en el ámbito familiar y laboral”.
Un cartel con la imagen del policía detenido por el femicidio. Foto Lucía Merle
A su vez, el organismo considera que el juez “aplicó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios, que quedaron de manifiesto al ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor”.
Ante este escenario, el pedido de juicio político fue formulado por considerar que Callegari mostró “una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones y operó con un evidente desconocimiento del derecho vigente, nacional e internacional, de protección a las víctimas”.
En el comunicado enumeraron algunos de los errores. “No tomó contacto con la víctima; omitió información y asistencia, ni ordenó una asistencia especializada y protección; y demoró injustificadamente el dictado de medidas ni controló la efectividad de éstas”, señalaron.
Tampoco tomó ninguna medida ante la desobediencia del acusado ni requirió información a su lugar de trabajo, que hubiera mostrado las denuncias por violencia que ya tenía, e incumplió el deber de juzgar con perspectiva de género, de administrar justicia sin el uso de estereotipos y prejuicios, agregaron desde la Defensoría.
“Un repaso por los hechos nos muestra que fue otra muerte que se podría haber evitado“, puntualizó Lorenzino.
Fuente: Télam
LM
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