Familiares de las víctimas de las masacres de 2019 en Bolivia marchan en La Paz para exigir que el peso de la ley caiga sobre la expresidenta Jeanine Áñez.
Cientos de manifestantes han inundado este domingo las calles de La Paz (capital administrativa de Bolivia) para exigir que la exmandataria del gobierno de facto sea juzgada por su papel fundamental en las masacres ocurridas en 2019 en el marco del golpe de Estado contra el exgobernante Evo Morales.
Los airados manifestantes, esgrimiendo fotos y pancartas en las que se leía: “Áñez asesina”, coreaban fuertemente: “Esto es justicia. Esto no es venganza”.
Dichas protestas se han realizado un día después de que la Policía boliviana detuviera a la expresidenta por “delitos de conspiración, terrorismo y sedición” y su participación relevante en las acciones golpistas que provocaron la renuncia del líder indígena.
Además de Áñez, el excomandante de la Armada de Bolivia, el almirante Flavio Arce; los exministros interinos de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Álvaro Guzmán, respectivamente, están detenidos.
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¡Qué no se olviden de las masacres!
Las familias dolientes se han congregado para enfatizar que las masacres no se deben olvidar, ya que, han denunciado, la expresidenta y sus exministros no solo orquestaron un golpe de Estado en el país suramericano, sino también son responsables de la muerte de un número de civiles, por lo que deben rendir cuentas.
“Pedimos que a esta causa se incorporen también los crímenes cometidos en las masacres. No hemos bajado la cabeza. Seguimos de pie y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, ha dicho la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, El Alto (Bolivia) Sonia Quispe, también presente en dicha manifestación.
Quispe ha exigido, además, juico contra la expresidenta por firmar el decreto 4078, el cual permitía a la Policía matar sin que por ello deban responder ante la justicia.
Durante el mandato de Áñez, la Policía reprimió fuertemente con armas y agentes químicos las protestas contra el gobierno de facto. La represión policial y militar dejó unas 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y 1500 detenidos. Un agente mató a un simpatizante de Morales en la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz.
Por su parte, en una serie de mensajes publicados en la misma jornada en Twitter, Morales ha pedido sanciones contra los involucrados en estos crímenes y ha prometido que no se cansará pedir justicia para las víctimas.
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