La Justicia de Bolivia dictó el domingo cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta Jeanine Áñez (53)por el caso del supuesto Golpe de Estado contra el también exmandatario Evo Moralesen
2019.
“Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez a través de su cuenta oficial de Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz.
La decisión fue tomada por Santa Cruz luego de escuchara las partes por varias horas. Tanto la Fiscalía como los abogados defensores de la expresidenta y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, lograron exponer.
Áñez sería detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, después que sus dos ministros Coímbra y Guzmán. Los tres fueron denunciados por sedición, terrorismo y conspiración. En la demanda, figuran otros cinco exfuncionarios y jefes policiales, militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.
La Fiscalía justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto Golpe de Estado” contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA urgió también en Twitter: “Al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial”.
Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había pedido que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos”.
Por su parte, la Unión Europea calificó de “preocupantes” los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca. Josep Borrell, jefe de diplomacia de la UE, sostuvo que “las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas”.
Finalmente, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”. Los obispos dijeron que no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia”.
Tras las reacciones, el excandidato de centro y exmandatario, Carlos Mesa, mandó cartas de reclamo por lo que sucede en su país a las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OEA.
Dijo que se busca “infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar a la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana”.
JFG
