La insistencia del presidente Alberto Fernández en pedir al congreso que cree una comisión bicameral de control cruzado de la Justicia incrementó la preocupación en tribunales.
El jefe de
Estado también criticó a la Corte Suprema por emitir “pocos fallos” por año y rechazar recursos extraordinarios con un simple trámite.
Las declaraciones del jefe de Estado a canal 9 de TV causaron más intranquilidad entre distintos jueces y fiscales en el marco de la ofensiva de la vicepresidenta contra la Justicia por los ocho procesamientos que tiene.
Precisamente, uno de los motivos de la renuncia de la socia del presidente, Marcela Losardo, a esa cartera fue aclarar que esa comisión no puede sancionar ni echar jueces. Lo hizo después de que los fogoneros de Cristina Kirchner, el senador Oscar Parrilli y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort apoyaron con fervor la iniciativa.
Fernández reiteró el lunes que el “control del trabajo de los jueces lo tiene que hacer el Congreso. Lo pedí en el discurso del 1° de marzo”. Recordó que le solicitó al Parlamento que cree esa comisión para “hacer un control sobre el funcionamiento de la Justicia, no sobre las sentencias. Está claro que no puede revisar sentencias”.
Afirmó que “la Corte dice que saca más de 20 mil sentencias por año. Pero cuando mira, en verdad son 200 o 300. El resto son una plancha de resoluciones que solo dice no hago lugar al recurso extraordinario. Sin dar explicaciones”.
Así el presidente coincidió con el titular de la comisión bicameral de Inteligencia, el diputado ultra cristinista Leopoldo Moreau, quien anunció que su bloque presentará un proyecto de reglamentación del criterio de la Corte para rechazar o aceptar ese tipo de medidas y de estipulación de plazos. Moreau también anunció que impulsará juicios políticos, seguramente después de un dictamen de esa futura comisión de control cruzado, a jueces comunes y a “todos” los miembros de la Corte.
Altas fuentes judiciales consultadas por Clarín respondieron al presidente que, por un lado, “la Constitución no le otorga ningún poder de control al Congreso sobre el Poder Judicial”.
La única facultad que le da el artículo 75 “es la de crear tribunales inferiores a la Corte, pero una vez creados, ni siquiera tiene el poder de designar a los jueces que son propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado”.
Las fuentes explicaron que “la única medida de control cruzado real que le da la Constitución al Congreso es el juicio político a los jueces de la Corte Suprema en su artículo 53”.
El control de los jueces comunes “está delegado por la Constitución en el art. 114 al Consejo de la Magistratura, que es el único con poder disciplinario sobre los jueces con excepción de los de la Corte”.
Las fuentes se preguntaron si el Congreso no puede sancionar a un juez, “¿cómo y por qué podría citarlo a dar explicaciones de su trabajo?”.
Entonces, “¿qué haría esa comisión de control cruzado luego?: remitir la declaración al Consejo de la Magistratura. Precisamente, para eso funciona la comisión de acusación y disciplina del Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento”.
En realidad, los kirchneristas quieren hacer un “show político” citando jueces al Congreso para tratar de desacreditarlos ante la opinión pública.
El Consejo de la Magistratura es el que articula el trabajo entre el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial “por eso está integrado por representantes de esos tres poderes”.
En cuanto a las críticas del presidente a la Corte, las fuentes explicaron que “no existe el ‘recurso de arbitrariedad’ en el orden federal, como él menciona. Se llama recurso extraordinario”.
La facultad de la Corte de rechazar discrecionalmente un recurso extraordinario federal “está en la ley 17.454, es decir el Código Procesal Civil y Comercial”.
El artículo 280 de ese código dice que la Corte puede usar la “sana discreción” para rechazar un recurso. “Si la Corte hace lo que manda la ley, no es un problema de la Corte, (que no hace leyes), sino del Congreso. Eso sí puede hacer el Congreso, cambiar la ley”, agregaron.
En el 2019 la Corte dictó 7.246 sentencias dando resolución a 29.263 causas. “Cada una de estas 29.263 se analiza, estudia y firma de manera individual”, contaron las fuentes judiciales.
El kirchnerismo profundizó su embestida a la Corte desde diciembre del año pasado cuando confirmó la condena del ex vicepresidente Amado Boudou a 5 años de prisión en el caso Ciccone al rechazar un recurso extraordinario en base al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Y Cristina teme que este mecanismo se le aplique eventualmente a sus recursos ante la Corte.
“De estas 29.263 solo 2.831 fallos fueron resueltos por el artículo 280 de ese código y 580 fallos por incumplimiento de acordada 4/07 que son errores técnicos adjudicables a quien realiza el planteo ante la Corte”, explicaron finalmente las fuentes judiciales.
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