El diputado kirchnerista Rodolfo Tahilade pedirá que el fiscal Abel Córdoba sea citado a la comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal. El legislador criticó la prescripción de un caso
de corrupción -algo que ocurrió hace más de un año-, y habló de los plazos del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a cargo de ese juicio y que actualmente juzga a Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública hacia las firmas de Lázaro Báez. La noticia no sería curiosa, sin fuera porque Tahilade busca responsabilizar al fiscal por la caída de aquel viejo caso, y sobre todo porque Córdoba es miembro fundador de la agrupación K Justicia Legítima pero a la vez fue quien pidió una condena de 12 años de prisión para Báez en el juicio de la Ruta del Dinero K.
En ese proceso, Córdoba sostuvo que los 55 millones de dólares lavados por el contratista provinieron en parte de la defraudación en la obra pública, donde se juzga a Cristina.
La condena requerida por le fiscal fue la que terminó imponiendo el TOF 4 hace poco más de dos semanas.
Ese dato es clave para interpretar el pedido del diputado Tahilade ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Monitoreo del Ministerio Público Fiscal, para que el fiscal Córdoba sea citado a exponer respecto a su desempeño en un expediente por corrupción que fue cerrado hace más de un año, sobre la concesión del espacio radioeléctrico al grupo francés Thales.
Córdoba intervino durante el juicio por esa causa, iniciada en 1998 y cuyas audiencias recién comenzaron el 22 de mayo de 2014. Además de viejo e interminable, ese caso tuvo varias particularidades técnicas. La fiscalía ofreció prueba el 2 de julio de 2015, y al momento de plantear las acusaciones en el juicio postuló un cambio de calificación de los hechos juzgados, y sostuvo que no estaba en condiciones de imputar otra calificación que la que finalmente terminó bajo prescripción.
Sucedió que en el TOF 3 había una causa de similares características contra Thales, y la Cámara de Casación había modificado la calificación. En consecuencia, el fiscal Córdoba indicó que estaba condicionado por esa acción del tribunal superior, y tuvo que cambiar la calificación de su propia acusación para mantener la coherencia jurídica.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu cerraron el caso. Por ese motivo, Tahilade busca ahora que el fiscal ante el TOF dé explicaciones. Consideró que se imprimió celeridad al juicio contra Báez mientras desatendía otros casos de corrupción, como el de la concesión del espacio radioeléctrico a un grupo francés. Además, en una serie de tuits criticó la severidad en el pedido de la pena contra el ex socio comercial de Cristina Kirchner.
Fuentes judiciales explicaron que el tiempo de la agenda de los juicios excede a las fiscalías, e incluso “a los tribunales, pues la mitad de los mismos están incompletos y en muchos casos lleva tiempo conformarlos para dar inicio a un debate oral”.
Ante la objeción formulada por el diputado kirchnerista, en Comodoro Py vincularon el pedido ante la comisión bicameral como una “respuesta a la condena dictada contra Lázaro Báez”, entendiendo que el pedido de doce años de prisión fue la solicitud de la fiscalía, pero como parte acusadora el alegato “está sujeto a un control de legalidad del tribunal”. Allí recuerdan por ejemplo que Abel Córdoba también intervino en dos juicios contra Amado Boudou y en uno de ellos el TOF interviniente no tomó en cuenta su pedido de pena y absolvió al ex vicepresidente.
Durante el juicio contra Báez y otros 25 imputados en la Ruta del Dinero K, el representante del Ministerio Público Fiscal dio por corroboradas las maniobras que se habrían concretado entre 2010 y 2013 con la participación de más de veinte personas físicas y unas quince personas jurídicas.
La Fiscalía sostuvo que la piedra angular de todas las operaciones investigadas fue Austral Construcciones y consideró que el empresario K “fue el creador, el artífice del entramado que desde Austral se ramificó a otras firmas usadas para las maniobras de lavado”. Y reforzó el concepto: “La organización con despliegue transnacional tuvo a la cabeza a Lázaro Báez, quien detentó el poder total de Austral como de la organización de lavado, contó con toda la estructura de relevancia con una colaboración incondicional de los socios formales, de sus directivos, de sus subordinados e incluso familiares”.
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