Los representantes de las cámaras empresariales, agrupadas en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) vienen planteando desde comienzos de marzo a los dirigentes gremiales de la Federación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina (FATSA), los problemas que tienen a raíz del “retraso en los valores de las prestaciones y los aumentos de costos que sufrió el sector durante 2020, un desfase que representa un retraso de aranceles que orilla el 55%”, lo que dejó a muchas empresas “al límite de la subsistencia”.
El problema, explican, se da además en el marco de la pandemia de coronavirus, que provocó un desbarajuste en las prestaciones, como por ejemplo la cantidad de camas que cada centro de salud debe destinar a los internados por Covid.
FAPS, que aglutina a clínicas, sanatorios, hospitales, geriátricos, psiquiátricos y empresas de diagnóstico por imagen, aseguran que no podrán aumentar los salarios de sus trabajadores de la salud no médicos (enfermeras, mucamas, ambulancieros, personal de mantenimiento, técnicos de laboratorios y radiólogos). “No tenemos cómo afrontar ese aumento que, por otra parte, es justo que se reclame“, afirmó Jorge Cherro, vocero de los prestadores de la salud.
Cherro remarcó: “No podemos pagar el aumento porque a nosotros no nos aumentaron los financiadores como PAMI, IOMA, las obras sociales y las prepagas. El caso más emblemático es el del PAMI, que en 2020 nos dijo que no cerrarían paritarias mientras cobráramos el ATP. Las prepagas recién aumentaron su cuota el 10 por ciento en diciembre último, con lo cual nos incrementó ese porcentaje, mientras que de las obras sociales recibimos un 12 por ciento. Hay que tener en cuenta que en 2020 la inflación fue del 36 % y en la actualidad nos estamos manejando con los valores de diciembre de 2019″.
EL vocero de FAPS subrayó el hecho de no haber recibido nada desde PAMI “cuando su presupuesto pasó de 2019 a 2020 de unos 220 mil millones de pesos a 330 mil millones de pesos, es decir que tuvo un aumento de alrededor 50 por ciento“.
Cherro estimó que “es muy probable que se tomen medidas de fuerza, no sabemos de qué tipo aún, pueden ir de menor a mayor, empezando por reclamos dentro de los establecimientos con carteles, hasta paros en distintos horarios, pudiendo llegar a una jornada entera, excepto urgencias, lo que sería muy preocupante, porque estos trabajadores comprenden el 80 por ciento de las instituciones médicas“.
El próximo lunes al mediodía, en el Ministerio de Trabajo, representantes de FAPS se reunirán con los sindicalistas Héctor Daer y Carlos West Ocampo y el ministro Claudio Moroni para “intentar llegar a un acuerdo que sería el menor perjuicio posible, porque ellos esperarán una propuesta de aumento que nosotros no haremos, por lo que el sindicato tiene las manos libres para accionar que los trabajadores de salud no médicos paren”.
A los trabajadores se les debe un 15 por ciento del 2020, “año en el que recibieron un aumento del 21 %. Y para 2021 se estima que la inflación no será menor al 35-40 por ciento, con lo cual el PAMI nos dio un 12% en enero, 6% en abril, 6% en julio y 5 % en octubre. Pero ese 29% en cuotas pondera un 16%. Porque no es lo mismo que te den un aumento todo junto, que en cuotas y con inflación todos los meses”
Otro factor que describe el panorama desfavorable es que se dejaron de recibir los ATP, que sumaban unos 24 mil pesos por trabajador y desde enero el gobierno está pagando las REPRO (recuperación productiva), que orillan los 18 mil pesos, varios miles menos, y es un estrés, porque cada mes las tenemos que negociar en el ministerio de Trabajo, describe Cherro, que cierra con amargura y tristeza: “Primero con los ATP, ahora con las REPRO, los prestadores de la salud nos hemos transformado en una actividad subsidiada que depende del Estado”.
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