La personalidad de Carlos De Narváez es exactamente lo opuesto al proyecto que está haciendo. Dueño de un bajo perfil y sin ánimos de aparecer públicamente, decidió hacer
uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes del país. El megaproyecto “Al Río” que emprendió a partir de 2013 buscaba ser un complejo con locales comerciales, viviendas y oficinas.
Sin embargo, el fracaso del emprendimiento le causó una deuda de 250 millones de dólares por la que tuvo que abrir dos concursos de acreedores en 2019, uno a título personal y otro a nombre de su empresa, “Ribera Desarrollos”. Además, le hicieron tres denuncias por estafa, por la situación en la que había vendido las unidades.
Heredero de una fortuna, siempre se dedicó al mundo de los negocios. A diferencia de su hermano, Francisco De Narváez, Carlos se abocó particularmente a los desarrollos inmobiliarios. Entre ellos, uno de los más importantes fue en sociedad con la cadena francesa Carrefour, con la que construyó el Paseo Alcorta y tuvo difíciles negociaciones para avanzar con “Al Río”, en donde comparten predio.
Como parte de los negocios heredados, Francisco y Carlos compartieron firmas pero no tendrían una buena relación familiar. Incluso, hace unos años se hicieron públicas algunas peleas entre los hermanos por el manejo de Casa Tía, la cadena de supermercados que recibieron por línea materna. La leyenda cuenta que Francisco expulsó a Carlos de un día para otro y tomó para sí las riendas del emprendimiento. NOTICIAS intentó comunicarse con el ex político por estas cuestiones, pero prefirió no hacer declaraciones.
Accionista de varias empresas, ahora Carlos De Narváez logró los votos necesarios en el concurso de su empresa para llegar a un acuerdo y tendrá que poner en marcha un plan para pagar su deuda. Además, afronta causas penales por estafa y “defraudación por desbaratamiento de derechos acordados”. Su abogado, Sebastián Paz, no contestó las consultas de esta revista.
El negocio
El complejo que empezó a construir “Ribera Desarrollos” en 2013 en un predio en Vicente López iba a contar con dos torres, la Norte y la Sur. Sin embargo, en donde debería estar la torre Norte hay un pozo de agua y no se iniciaron las obras. Según una fuente cercana al proceso, restan edificar cerca de 80 mil metros cuadrados.
En ese edificio habían invertido grandes empresas como Edenor, que compró 10 mil metros cuadrados en 2015. La situación en esa torre generó denuncias penales por estafa. Es que, para quienes invirtieron allí, hubo una serie de engaños a la hora de la venta por los que se recaudaron fondos para una construcción que nunca se inició.
“No se informó el estado en el que estaba la obra, ni que se había incumplido con el resto de los boletistas. La inmobiliaria se comportó muy mal, porque los martilleros y los corredores tienen una obligación de responsabilidad de informar acabadamente a su cliente. Tendrían que haber dado todo el cuadro de situación”, señala un damnificado que prefiere que no se publique su nombre.
En la torre Sur la situación es similar, aunque ya está construida. Sin embargo, quienes compraron no pueden escriturar. “Siguieron construyendo con plata prestada de los bancos, y dieron en garantía lo que ya le habían vendido a la gente. Entonces los bancos no pueden ejecutar la hipoteca y los compradores no pueden escriturar”, explica otro allegado a la causa.
Entre los acreedores aparecen figuras como los futbolistas Ángel Di María, Pablo Zabaleta, Ezequiel Lavezzi, el tenista Juan Ignacio Chela y el empresarios Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Mauricio Macri.
A pesar de este contexto, por el momento De Narváez no fue llamado a indagatoria. En los primeros días de marzo, Romina Monteleone, la fiscal de una de las causas que tramita en Capital Federal, hizo un pedido de informes para averiguar “si alguna de las conductas determinadas en el concurso resulta compatible con la figura de lavado de dinero”. En la misma línea, llamó la atención sobre la “peculiaridad” de una operación entre una agropecuaria llamada “Don José” -en la que De Narváez participa- y “Ribera Desarrollos”, en una fecha próxima a su presentación a concurso.
Mientras tanto, quienes apostaron al proyecto esperan una resolución. En cuanto al concurso de Ribera Desarrollos, hay
varias propuestas en marcha y tiene un plazo de tres años aproximadamente para cumplir con sus acreedores. En el otro
concurso, el que De Narváez abrió a título personal, todavía hay tiempo hasta el 31 de marzo para que se defina si llega a un
acuerdo con sus acreedores.
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