“Conducta ejemplar 10”, talleres de yoga, clases de teatro y problemas de salud que lo ubicaban dentro del grupo de riesgo frente al Covid-19. Todo eso le abrió la
puerta de la cárcel al motochorro -ahora homicida- Alejandro Miguel Ochoa (55), que volvió a poner en foco una polémica imperecedera: convictos que no terminan de cumplir las condenas, recuperan la libertad y, en la calle, reinciden en el delito.
Ochoa, que según la pena que recibió en 2017 debía salir de prisión el 16 de agosto de 2024, fue excarcelado en abril del año pasado, beneficiado por una resolución de la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, integrada por los jueces Esteban Viñas y Marcelo Riquert.
Los mismos jueces, en febrero, le había denegado la prisión domiciliaria a Ochoa y pidieron que se le practicaran estudios médicos. Dos meses después cambiaron de parecer.
Ya en abril de 2020, el juez de Instrucción Ricardo David Perdichizzi denegó el beneficio que solicitaba la defensa. El fiscal Marcelo Blanco también se opuso a la morigeración de la pena.
Entre otras consideraciones, Perdichizzi argumentó que Ochoa “no presenta discapacidad ni enfermedad incurable terminal, presenta como patología de base EPOC pero la misma puede ser tratada válidamente en el contexto de encierro”, por lo que desaconsejó la prisión domiciliaria y la denegó.
Ochoa estaba en la Unidad Penitenciaria de Batán cumpliendo una condena a 8 años y 4 meses de prisión por “robo agravado y lesiones graves” por un delito en el que actuó del mismo modo que terminó con la vida de la psicóloga María Rosa Daglio (56) el viernes pasado en Ramos Mejía: sorprendió a la víctima y la arrastró con la moto para arrebatarle un cartera.
Giovana Ingoglia (32) la pasó muy mal, pero sobrevivió. En el verano de 2016, la mujer esperaba un taxi junto a su mamá para ir al teatro cuando la sorprendió el rugido de una moto. No tuvo tiempo para reaccionar. Ochoa la arrastró una cuadra; el brazo derecho de la chica se enganchó en una de las ruedas.
“Mi brazo frenó la moto“, recuerda con angustia al enterarse que el hombre que la hizo padecer un calvario, tres operaciones en el brazo y un miedo persistente al sonido de las motos, ahora mató a una mujer. Se enteró por los medios; nunca supo que los jueces Viñas y Riquert lo habían mandado a la casa antes de tiempo. “A mí nadie me preguntó“, lamenta.
Alejandro Ochoa, el motochorro detenido por el asalto y asesinato de una psicóloga en Ramos Mejía.
Efectivamente, los camaristas explicaron mediante un breve escrito que el 29 de abril de 2020 concedieron la prisión domiciliaria a Ochoa hasta tanto se mantuviera en vigencia el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y que para la concesión de tal beneficio, dijeron, siguieron criterios fijados en distintas resoluciones del Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte provinciales.
“Se tuvo en cuenta el informe de salud (paciente con EPOC –grupo de riesgo frente al COVID-19- y complicación urológica con necesidad de intervención quirúrgica hasta entonces no practicada) y el informe de la autoridad penitenciaria“, indicaron.
Ese informe del departamento técnico-criminológico “estimó la conveniencia de que el interno Ochoa (con concepto bueno y conducta ejemplar 10), acceda al régimen de prisión domiciliaria“, explicaron.
Alejandro Ochoa, el motochorro detenido por el asalto y asesinato de una psicóloga en Ramos Mejía.
En la resolución que dejó en libertad a Ochoa, los jueces enumeraron “la gran adhesión a las propuestas tratamentales existentes en el medio de encierro, a saber: su desempeño laboral en la química de la unidad penal, desde el 05/04/19 hasta la actualidad, así como su tarea de mantenimiento en el sector de visitas, desde el mes de febrero de 2018 (anteriormente a ello, en el sector cocina y maestranza de la sección vigilancia y tratamiento)“.
Además, “la promoción de primer y segundo año del ciclo secundario (años 2018-2019) y su concurrencia a los talleres de yoga (2019/20), teatro (2016/17/18), alcohólicos anónimos (coordinador en 2018 y 1019) e instructor de ajedrez (2016)“.
Los camaristas, en el escrito en el que explican en que basaron la concesión del beneficio, aclararon en las últimas horas que “el incidente no volvió a la Cámara, por lo que no hay constancia acerca del seguimiento de la situación de Ochoa por parte de las autoridades administrativas y judiciales de primera instancia“. No les constaba la situación de Ochoa, dicen; ahora ya saben cuál es.
EMJ
