Luego del asalto de un motochorro que terminó con la vida de María Rosa Daglio el pasado viernes en Ramos Mejía, Hanna, una de las hijas de la psicóloga
asesinada, sostuvo que el juez Marcelo Alfredo Riquert “tiene las manos manchadas de sangre”.
Es que Alejandro Miguel Ochoa, de 55 años, debía estar preso y no circulando libremente por la calle, pero fue uno de los tantos beneficiados de las liberaciones en medio de la pandemia de coronavirus, pese a tener condenas por ocho robos bajo la misma modalidad, todos a mujeres.
“Ese juez tiene las manos manchadas de sangre, porque tomó esta decisión, porque si no hubiera firmado con su lapicera yo estaría con mi mamá”, aseguró Hanna, de 18 años, junto a su hermana Pilar, en el programa Intratables, a donde asistieron para pedir justicia por su madre y, además, para informar que el próximo viernes, a partir de las 19, habrá una marcha en la intersección de Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo, a cuatro cuadras del lugar donde se produjo el ataque.
Además, recordó que, junto con sus madre, solían mirar las noticias que informaban que “soltaban asesinados y violadores y que salían e iban a buscar a otras víctimas. Ella y yo estabamos indignadas, sobre todo porque no podés ir a reclamar nada a nadie”, agregó.
Lo cierto es que, a pesar de tener un frondoso historial delictivo, Ochoa fue beneficiado con prisión domiciliaria el 30 de abril de 2020, porque había tomado clases de yoga, teatro y de ajedrez. Además, también influyó que Ochoa sufría de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y afecciones urinarias. “La verdad que da risa”, expresó Pilar, la otra hija de Daglio.
Marcelo Alfredo Riquert, el juez que liberó a Alejandro Miguel Ochoa.
“El delicado estado de salud que aqueja al causante (Ochoa) –que lo incluye dentro de la población de riesgo, en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19-, más el informe penitenciario que aconseja el otorgamiento del régimen de prisión domiciliaria y sumado a ello, los prometedores dictámenes tanto personales (elaborados en el marco del encierro), como familiares (en la vivienda parental) nos permiten concluir en la viabilidad del cumplimiento de pena domiciliaria, mientras se mantenga el período de vigencia del aislamiento”, explicó el juez.
Aunque debía pasar cada 15 días por el juzgado para notificarse, nunca lo hizo. En noviembre, le revocaron definitivamente el beneficio a la prisión domiciliaria, pero como no pudieron localizarlo, pasó a estar en condición de “prófugo“.
“A mí me duele en el alma. Estamos luchando por mi mamá. Somos cuatro hijos y recordamos esa sonrisa. Necesito que se haga justicia, porque hoy es mi mamá y mañana puede ser otra persona. Mi mamá era un alma justiciera, ya la habían intentado robar, antes fueron moretones y ahora se le fue la vida, le costó la vida. Antes de eso entraron a mi casa, desvalijaron mi casa”, agregó Hanna.
En tanto, Pilar reclamó que ni siquiera conocen en qué comisaría está detenido el motochorro, quien fue capturado en la tarde del lunes en un allanamiento que se llevó a cabo en Hortiguera y Lamadrid, en Castelar, partido de Morón, donde le encontraron la moto que habría utilizado en el ataque.
