En papeles entregados en mano en cada uno de los obradores o en la sede gremial. Así hacían conocer sus exigencias los sindicalistas de la UOCRA que están siendo juzgados en
Bahía Blanca. Si los empresarios o encargados que recibían los planteos no se concretaban, asambleas o medidas de protesta paralizaban los trabajos, tanto en obras públicas como privadas.
Las demandas perentorias de los enviados del gremio incluían aumentos de sueldo entre un 30 y un 35% por encima de los acordados en los convenios colectivos. También la obligación de contratar servicios en obra, con determinadas firmas proveedoras, que pertenecían a algunos de los miembros de la organización.
Humberto Monteros y José Burgos, secretario general y adjunto del gremio respectivamente, están acusados de ser los líderes de la asociación ilícita. A Monteros, que encabezaba la CGT regional bahiense, le encontraron bolsos con $ 5 millones y U$S 100.000. En una caja fuerte de su casa de veraneo en Monte Hermoso guardaba otros U$S 423.000.
A la banda, la fiscalía de Delitos Complejos de Bahía Blanca le adjudica 50 hechos delictivos en la ciudad y la zona de influencia de la UOCRA bahiense. Uno de los empresarios que declaró en la audiencia, vinculó a Burgos con maniobras extorsivas en el distrito de Coronel Suárez.
A Guillermo Molina, ex tesorero del gremio de la construcción y candidato a concejal por el Frente Para la Victoria en 2017, lo ligaron con acciones similares en el distrito de Villarino. “Son todas mentiras. En ese momento, cuando denunciaron, estaban apoyados por un gobierno y en este momento, no tienen a nadie” dijo a la prensa Osvaldo, el hijo de Molina, ante el inicio del juicio por parte del Tribunal Criminal 2.
En plena campaña electoral para las legislativas de 2017, María Eugenia Vidal había vinculado la paralización de obras viales que impulsaba su gobierno en la región con “comportamientos mafiosos”. Tras ello y algunas declaraciones públicas de políticos y empresarios, la fiscalía general bahiense inició de oficio una causa.
Uno de los primeros en denunciar los aprietes había sido el empresario Pablo Quantin, presidente de la filial bahiense de la Cámara Argentina de la Construcción. El titular de la firma Vial Agro, a la que el gobierno bonaerense le había adjudicado trabajos de reparación en la ruta 51, ratificó sus dichos en la primera jornada del juicio.
Junto a Fabián Gurrado, dueño de la empresa Ingeniería y Arquitectura y socio de Quantin en una UTE, detallaron cómo eran las demandas que realizaban los sindicalistas en las obras y en la sede gremial. Las describieron como “impuestas y no negociables”, con el costo adicional de la paralización de las operaciones, si no eran aceptadas. Para ellos, los delegados convocaban a asambleas informativas sorpresivas en los obradores.
Tras su declaración, la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) emitió un comunicado de “total y absoluto apoyo” a Gurrado, que es secretario de la entidad fabril. “Nos manifestamos enérgicamente contra todo método que se aparte de las reglas básicas de convivencia pacífica y democrática” remarcó la nota firmada por el directorio que hasta el año pasado encabezaba el propio Gurrado.
“Las prácticas denunciadas sobre imposiciones salariales por encima de lo convenido en paritarias libres, y las presiones para contrataciones dirigidas a determinados proveedores entre otras, constituyen actos que merecen nuestro repudio, y el de la sociedad toda” agregó.
Luego de mencionar que la ética, el cumplimiento de la ley y de los pactos establecidos, “tienen absoluta prioridad para la convivencia en buenos términos entre los trabajadores y los empresarios” la entidad instó a no desviarse de la legalidad.
“Todos debemos cumplir con las leyes y las normas que rigen nuestra convivencia; actuando así estaremos haciendo nuestro aporte para convertir a nuestra ciudad, su región y patria en un país más grande y previsible” finalizó el documento de la UIBB que ahora preside el empresario Gustavo Fabián Elías.
Tras la pausa por el feriado nacional, el jueves se reanudará el juicio oral, en el que también son acusados Walter Paiz, Roberto Ríos y Mario González, todos integrantes de la conducción de la UOCRA bahiense. Otros ocho gremialistas, la mayoría delegados de obra, ya acordaron su situación judicial a través de juicios abreviados.
David Ezequiel Muñoz, Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Alejandro Aranda, Sebastián Octavio Canales, Raúl Ernesto Erbin y Pablo David Gutiérrez recibieron penas de 5 a 7 años de prisión por su participación en algunos de los hechos extorsivos. Entre las víctimas, además de empresarios y profesionales de la construcción, también hay funcionarios públicos y gremialistas de un sindicato competidor con la UOCRA.
Carlos Carrillo y Damián Cabrera aún esperan por la resolución judicial respecto de los acuerdos que sus abogados alcanzaron con el fiscal Gustavo Zorzano que encabezó la investigación, acumulada en más de 40 cuerpos.
“Todo el mecanismo extorsivo ya quedó determinado y documentado en la instrucción. La declaración de los testigos en el debate es clave para tratar de reconstruirlo ante el tribunal” explicó el fiscal que también actúa como acusador.
