Dos testigos confirmaron irregularidades esta semana en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez durante las presidencias de los Kirchner en el juicio oral por el direccionamiento de contratos a favor del empresario
K.
Por un lado, el ex Coordinador General de Licitaciones de Vialidad Nacional Roger Botto explicó que los millonarios anticipos financieros otorgados durante el kirchnerismo a Austral Construcciones “no son uso y costumbre” en las licitaciones.
Por otro lado, la empleada de la Subgerencia de Convenios de ese organismo, Andrea González dijo que durante las presidencias de los Kirchner : “entraban notas, pedidos de convenio de obra, venían autorizados con una nota diciendo el plazo que tenía que tener, el monto y qué obra era”. No especificó quien mandaba esas notas que no se correspondían con las normas de un proceso licitatorio normal.
Estas irregularidades se suman a los sobreprecios y a las obras que las empresas de Báez cobraron pero no terminaron. Además, se sospecha que los anticipos financieros era una maniobra de algunos funcionarios para asegurarse el cobro de coimas.
Este juicio oral en el que Cristina Kirchner le dijo a los jueces del TOF 2 que “la historia ya me juzgó” y ellos eran parte de su teoría del lawfare. El TOF 2 está integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
“Hay muchas maneras de que un contratista puede empezar a embarrar la cancha y retrasar la obra. Mientras tanto ‘aprovechó que ya cobré el anticipo financiero‘”, indicó Botto sobre esa polémica modalidad de pago.
Parte de los 3 mil millones de dólares que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se otorgaron a esa y otras empresas de Lázaro Báez fueron anticipos financieros.
Botto prestó declaración el lunes ante el Tribunal Oral Federal N°2, en el marco de una nueva audiencia virtual del juicio oral seguido a la vicepresidenta y una docena de ex funcionarios y empresarios por presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Luego se refirió al Certificado de Adjudicación y al de Contratación. Uno es que se tiene que presentar con la oferta y la obligación de tenerlo actualizado es del oferente.
El primero “podría presentarlo en varias ofertas a la vez porque todavía no hay ninguna obra que comprometa su capacidad”. El otro certificado “es el que tiene que presentar a la ahora de actualizar porque ese sí compromete su capacidad para ejecutar la obra”, contó.
“No se puede presentar ese mismo certificado en tres oportunidades”, contó Botto.
El testigo señaló que es obligatoria la presentación del Certificado de Adjudicación en los procesos regidos por la Ley de Obra Pública 13.064 y que debe presentarse antes de la firma del contrato.
En una pericia que ya tiene el tribunal, se buscó determinar si las empresas de Báez tenían capacidad técnica para realizar las obras, en función de la información proporcionada por el Registro Nacional de constructores de Obras Públicas.
Según los peritos Bona y Panizza, por ejemplo, los montos comprometidos por Austral y Kank & Costilla entre 2006-2007 fueron de $ 199.670.000 y la capacidad otorgada de $ 72.373.403. “La diferencia de capacidad para este tramo de la pericia es de – $127.296.597″, señalaron. “Esto demuestra que en este caso puntual la empresa Kank & Costilla fue adjudicataria de obras por un monto muy superior al de su capacidad de contratación”, señaló el peritaje.
Respecto a Austral Construcciones se determinó que los montos comprometidos a 2006 eran de $ 400.730.366 y su capacidad otorgada de $ 72.88.93 lo que arroja una diferencia capacidad de – $407.470.295.
“Este certificado de capacidad demuestra que a Austral Construcciones se le adjudicaron obras por un monto muy superior a su capacidad de contratación”, coincidieron los peritos.
Botto describió su actual situación laboral como “consultor independiente”. Explicó que previo a su ingreso a Vialidad, donde se desempeñó entre 2016 y 2019, había trabajado en una pequeña empresa, en una consultora de economía y ocho años en la empresa Abertis Infraestructuras.
En relación a sus tareas dentro de Vialidad señaló: “Las funciones eran asistir al administrador general en todos los procesos licitatorios de obra pública y contrataciones de bienes y servicios”. Agregó que, a su ingreso, “se formó la Coordinación General de Licitaciones y Contrataciones”.
Por su parte, la testigo Andrea González recordó que ingresó a trabajar en Vialidad Nacional a partir de 2009 en la Subgerencia de Convenios.
En la ronda de preguntas, la fiscalía -representada por el fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante Sergio Mola- le consultó acerca de las tareas del área en el cual se desempeñaba y la intervención de esa oficina en la preparación de los convenios.
En este marco, González describió: “Entraban notas, pedidos de convenio de obra, venían autorizados con una nota diciendo el plazo que tenía que tener, el monto y qué obra era”. “Se confeccionaba el convenio y daba la vuelta por la casa, como se le decía”, en relación a las distintas áreas del organismo que intervenían en el proceso, explicó la funcionaria.
Agregó que no intervino en la confección de los convenios y señaló que solo se encargaban de la parte administrativa. En tal sentido, señaló que en el área eran cinco o seis empleados y que no realizaban el seguimiento posterior de los convenios.
Luego el presidente del tribunal le consultó a la testigo si conocía y si había recibido algún tipo de indicación por parte del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, a lo cual respondió de forma negativa.
Tras la finalización de la declaración de González, se convocó a cuarto intermedio hasta la próxima audiencia a realizarse el martes 30 de marzo.
