Abrazada al plan que diseñó para transcurrir el año electoral, Cristina Kirchner avisó el miércoles que el Gobierno no tiene intenciones de pagar la deuda con el FMI. Dijo
que el país no lo puede hacer, pero en términos numéricos es más o menos lo mismo, según entiende la gente sin alma que compra o vende bonos de deuda.
Cristina lo dijo porque cree que no hay modo de llevar adelante una campaña electoral y al mismo tiempo hacer lo que va a pedir el Fondo para otorgar un nuevo préstamo que sirva para cancelar el que contrajo Mauricio Macri. Agotada la posibilidad de que exista algo parecido a un plan económico, el FMI va a reclamar al menos un esbozo sobre la perspectiva de reducir el déficit fiscal, lo cual implica quitar subsidios a los servicios públicos o recortar el poder de compra de salarios, jubilaciones y planes sociales. Eso, según piensa Cristina, es inaceptable.
Es bastante usual que las promesas o los escenarios que dibujan los políticos en campaña tengan problemas para encajar con la realidad, pero, en este caso, el problema más grave es que el discurso empeora la realidad. Cristina habla para seducir a sus votantes, pero en el mismo rulo espanta a los empresarios y banqueros que podrían invertir en el mismo país que viven esos votantes. La vicepresidenta tiene una larguísima historia de medidas y posturas discursivas que terminan en fracasos de gestión o, cada vez con más frecuencia, se desvanecen en el instante posterior a que son enunciadas.
Los discursos que conspiran contra los beneficios que enuncian no son una novedad. Algo parecido le pasó a Mauricio Macri cuando, para conseguir votos, convocaba a evitar el regreso del populismo, y los inversores entendían que convenía demorar las inversiones para comprobar si esa profecía apocalíptica era certera. Aquel discurso empeoró la realidad de tal manera que, no importa si se basaba en premisas ciertas o no, terminó enterrando las posibilidades de reelección.
Hoy es el FMI el que le dijo a Cristina que no se pueden extender los plazos de pago porque eso implicaría modificar reglas que llevan décadas de aceptación entre decenas de países de todos los continentes. También le dijeron algo parecido los mercados con el repunte del riesgo país. Pero mañana se lo va a decir un banco chino cuando aclare que, si la Argentina quiere financiamiento, debe tener en vigencia un acuerdo con el FMI que implica la supervisión de las cuentas públicas. Y pasado mañana tal vez se lo diga Angela Merkel, que tiene lista una línea de crédito de inversiones para el desarrollo.
Hace ya varios meses que la vicepresidenta decidió dejar de ocultar sus diferencias con Alberto Fernández. No importa qué discurso ensaye el Presidente, o qué explicación adelante el ministro de Economía, allí estará Cristina para corregir lo que no le parece indicado. Ella es la dirigente más poderosa del Gobierno, y así lo entiende todo el mundo: el que tiene los votos tiene las decisiones.
Sin embargo, por alguna razón, la vicepresidenta sigue reservándose el poder de veto sobre las decisiones del Presidente y no tanto la iniciativa sobre la gestión. La salida del Grupo de Lima llegó después de la aprobación del Informe Bachelet sobre las violaciones a los Derechos Humanos en el régimen venezolano. El veto al acuerdo con el FMI llegó cuando Martín Guzmán ya estaba en Washington tratando de presentar alguna idea coherente en la negociación.
¿Hasta cuándo se mantendrá esa situación sin variaciones? No es posible saberlo hoy, porque nadie sabe si Cristina piensa seguir manteniéndose como la poseedora de la última palabra y dedicándose a recortar la autoridad del Presidente a fuerza de tweets y discursos o, como ya se insinuó en varias oportunidades, se rediseñará el Gobierno para que la importancia política de cada uno de los miembros del Frente de Todos se vea reflejada en la el organigrama formal.
