Dos organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos denunciaron este viernes que el gobierno de la provincia de Formosa comete medidas “abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del Covid-19.
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En un informe hecho público en Washington, Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins dieron a conocer el resultado de una investigación en la provincia del norte argentino en base a 45 testimonios recogidos por teléfono entre enero y marzo 2021, incluidas 30 personas que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas.
La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no se divulgaran sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo. La publicación también está basada en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Las organizaciones de Washington denuncian además que las autoridades provinciales “también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
El informe destaca que desde abril de 2020, “más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa”, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, “bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”.
Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes, describe el informe.
En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí, agrega.
“Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, alerta el informe.
Las cuarentenas obligatorias que aumentan el riesgo de contagio al coronavirus “no sirven para proteger a la población del Covid-19” y, al constituir una limitación innecesaria a la libertad personal, podrían considerarse detenciones arbitrarias conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
“Las medidas para frenar la propagación del Covid-19 deben proteger a los ciudadanos, no exponerlos a un riesgo mayor”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“El gobierno nacional debe trabajar con las autoridades provinciales para periódicamente verificar que Formosa respete los derechos humanos en su respuesta a la propagación del Covid-19, para lo cual debe, entre otras medidas, garantizar que se limite el uso de las fuerzas policiales para rastrear contactos estrechos”.
