El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días desde este sábado en el conflicto generado en los Puertos de Buenos Aires y de Dock Sud
por “el vencimiento de la concesión de la Terminal 5”, que afectaría los empleos del área.
Cuatro gremios de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), que lidera Juan Carlos Schmid, habían comenzado un paro general de 24 horas en esas estaciones marítimas, en demanda de que el Gobierno prorrogue de inmediato la concesión.
Gabriela Marcello, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera laboral, puso en marcha la Ley 14.786 de conciliación obligatoria, por lo que los trabajadores retomaron las actividades alrededor de las 14 de esta tarde.
La resolución contempló a las Terminales Río de la Plata S.A. y 4 S.A., a Buenos Aires Container Terminal Services S.A. y a Exolgan S.A.
Durante la vigencia de la conciliación el personal no podrá reiterar las protestas en esos ámbitos y, las empresas, no podrán aplicar sanciones.
Ayer, los trabajadores se movilizaron hacia la Quinta de Olivos y entregaron un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández, en el que reclamaron por los empleos y la extensión de la concesión para preservar la paz social y el perfil productivo.
La protesta fue decidida por los sindicatos de Encargados Apuntadores Marítimos (Seamara), de Capataces y Estibadores Portuarios (SCEP), de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles (Sgymgmra) y por la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (Aaem) ante “la grave crisis de la Terminal 5, que implica la potencial pérdida de derechos”, afirmaron.
Esos gremios son conducidos por Raúl Lizarraga, Osvaldo Giancaspro, Roberto Coria y Raúl Huerta, respectivamente.
La concesión está hoy a cargo de la empresa Bactssa y vencerá en mayo próximo, por lo que la demanda se asienta en la necesidad de prorrogarla hasta fines de 2021 o principios de 2022 para que coincida con la de las otras terminales portuarias.
En el petitorio al jefe de Estado, los trabajadores reclamaron que “el nuevo proceso de licitación se realice con transparencia y garantías de competitividad para los interesados”, y que “se preserve la totalidad de los puestos laborales en la actividad”.
Para los gremios, la actual situación provoca “una desestructuración de la operatoria portuaria y conflictos productivos y sociales que es preciso evitar en el contexto de la pandemia de coronavirus que azota el país y el mundo”.
En mayo último, el Gobierno, la cartera de Transporte y los gremios habían acordado que las concesiones de las terminales concluyesen en mayo de 2022 para preservar todos los empleos y elaborar “un nuevo perfil de productividad para los puertos”.
Ese acuerdo había abandonado el proyecto inmobiliario elaborado por el Gobierno macrista, que atentaba contra los empleos, la productividad, las exportaciones e importaciones.
