Martín Soria asumió como ministro de Justicia y subsanó así una situación sin antecedentes: por más de diez días no se conoció quién iba a suceder a Marcela Losardo, y después
de anunciado el nombre del ex diputado nacional el trámite tardó en concretarse, porque se debía esperar a que Soria dejase su banca en el Congreso. Previo a la jura oficial de este lunes, el ministro ya manifestó los lineamientos de su gestión: todos ellos encolumnados tras las críticas de Cristina Kirchner hacia el Poder Judicial. Según sus propias palabras, la primera meta será doblegar a los fiscales: Soria ya apuntó contra el procurador interino Eduardo Casal, y presionará en el Congreso para aprobar la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal.
Tanto en la Asociación de Fiscales como en la Asociación de Magistrados comparten una misma lectura respecto a la llegada de Martín Soria al ministerio de Justicia: uno de los objetivos principales es el Ministerio Público Fiscal. Sus críticas fueron rotundas respecto al Procurador Eduardo Casal, quien hace más de tres años ocupa el cargo de forma interina porque tanto el gobierno anterior como el actual, no logran los votos necesarios para designar un jefe de fiscales en carácter de titular.
El planteo trae aparejado el avance en el Congreso, con mayoría oficialista, para reformar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal. “Desde julio del año pasado, sólo vienen tomando decisiones para manejar el ámbito que nuclea a 350 fiscales nacionales y federales, con las críticas al Procurador, la modificación de los votos que el mismo requiere para asumir, como también cuántas manos se necesitarán para desplazar a un fiscal”, indicaron fuentes del MPF.
Quienes analizan la situación entienden que hay dos planes con los cuales el Poder Ejecutivo, a través del nuevo ministro de Justicia, buscará avanzar sobre los fiscales: modificar las condiciones actuales para poder reemplazar al Procurador y modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal con cambios que debiliten su independencia.
Apenas designado, Soria volvió a criticar a Casal: “nadie lo eligió y está atornillado en el cargo”, dijo. Sus palabras tuvieron su réplica desde la Procuración: “Es cierto que nadie eligió a Casal. Está allí porque la ley lo indica. Y no está atornillado, el problema es que la dirigencia política no logra los votos para nombrar al candidato del presidente Alberto Fernández“.
El juez federal Daniel Rafecas es el candidato del Presidente para ocupar ese puesto, pero no obtiene en el Senado los dos tercios de votos necesarios, no sólo por parte de la oposición, sino también del mismo oficialismo que no avala la decisión de Alberto Fernández.
“Soria no debería preocuparse por Casal sino por Daniel Rafecas, que tiene su pliego hace un año en el Congreso y no logran el acuerdo para designarlo”, deslizan en la Procuración.
El otro campo de batalla es la discusión en el Congreso respecto a las modificaciones que el kirchnerismo impulsó sobre la Ley del Ministerio Público Fiscal. “Esos cambios se comenzaron a realizar cuando vieron que no tenían los dos tercios para elegir al próximo Procurador”, indicaron fuentes judiciales al explicar la situación.
¿Qué se busca cambiar en la Ley del MPF? Por un lado, los votos que se requieren para que asuma el Procurador. Hasta el momento, se asume el cargo con una mayoría especial de dos tercios del Senado. La propuesta que están en pleno debate reduce ese número a una mayoría simple.
Por otro lado, el proyecto postula que el cargo se ocupe por cinco años, y que para remover al Procurador sí sean necesarios los dos tercios del Senado. “¿Cuándo la oposición tuvo dos tercios en el Senado? Nunca. Entonces el oficialismo se garantiza un eterno Procurador”, dijo en tono crítico un fiscal con años en Comodoro Py.
No es el único cambio promovido por el kirchnerismo. Las modificaciones en el Tribunal de Enjuiciamiento son lo que más inquieta a la Procuración. El Tribunal se compone de siete miembros: uno por el Poder Ejecutivo, dos de la política -integrantes de la Cámara, uno por la minoría y otro por la mayoría-, un abogado de matrícula federal, uno del Consejo Interuniversitario y dos fiscales por sorteo.
En el proyecto oficialista la cantidad de miembros se mantiene, pero se busca cambiar un punto no menor: incorporar un integrante más de la política y sacar uno de los fiscales. Esto tiene otra explicación: hasta el momento el Tribunal funciona únicamente con la totalidad de sus integrantes. Si los cambios se aprueban, se podría hacerlo sólo con la mayoría. Para remover a un fiscal harán falta dos tercios de la comisión, pero de los presentes. “Con cuatro votos alcanza. Y tendrán uno por el Poder Ejecutivo y otros tres de la política provenientes del Congreso”, explicaron fuentes de la Asociación de Fiscales.
