Se viven semanas de tensión en la pulseada por los biocombustibles, un tema que de pronto pasó a estar en la primera plana de los debates públicos. El
12 de mayo vence el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles -la Ley 26.093- que fue promulgado en 2006 y dispuso un plan de quince años para desarrollar el sector, y es momento de analizar qué es lo que está en juego a nivel y económico.
Lo primero que hay que explicar es que tras la aprobación de la norma, en quince años se establecieron 54 plantas de biocombustibles en diez provincias del país con una inversión estimada por el sector en al menos 2.000 millones de dólares. Desde el mismo sector aseguran que esas plantas generan 200.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta: 7.500 en el sector de biodiesel para mercado interno y externo, 160.000 en el de bioetanol a base de azúcar y 25.000 en el bioetanol a base de maíz.
Desde una visión más crítica del régimen vigente, el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) afirma que en 15 años el esquema de promoción impositiva para los biocombustibles tuvo un costo fiscal para el Estado de 6.000 millones de dólares por menor recaudación de impuestos. El dato es relevante ya que según explica el mismo centro de estudios, lo que caería el próximo 12 de mayo es ese régimen impositivo que incluye la devolución anticipada de IVA y la amortización acelerada de ganancias para las fábricas.
En los últimos meses un sector de la industria venía trabajando en la elaboración de una ley superadora que consideraba, entre otras cosas, un aumento del corte de los combustibles con biodiesel y etanol (actualmente está en el 10 y el 12 por ciento respectivamente). Pero ante la cercanía del vencimiento decidieron ir a lo seguro y pedir una prórroga de la Ley actual.
La prórroga ya fue aprobada en el Senado a fin del año pasado pero su tratamiento en la Cámara baja se dilató. Para el jueves pasado estaba agendado abordar el tema a pedido de diputados de Juntos por el Cambio y otros espacios, pero a la hora de la verdad la sesión cayó por falta de quórum. Entre los ausentes estuvo el bloque oficialista pero también varios representantes de Juntos por el Cambio de las provincias petroleras.
En el medio, una tercera opción impulsada por el oficialismo sorprendió a todos y movió el eje de la discusión. Se trata de un proyecto elaborado por Máximo Kirchner que busca, en pocas palabras, desplazar definitivamente a las grandes empresas aceiteras del negocio de biocombustibles local, reducir el corte mínimo a 5 por ciento para el biodiesel y 7 por ciento para el etanol -sujeto a posibles reducciones- y repartir la cuota entre las Pymes del sector.
Pero esa propuesta por el momento pareciera no reunir apoyo entre las Pymes productoras. La Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS) expresó su malestar por la falta de tratamiento de la prórroga. Además señalaron: “Estas son señales que desalientan las inversiones, retroceden y empobrecen aún más al Noroeste ya empobrecido. En cualquier parte del mundo, generar un puesto de trabajo cuesta mucha inversión y esfuerzo, nosotros nos damos el lujo de perderlos. Repetimos un esquema de inversión/ desinversión constante en pos de intereses espurios”.
En el mismo sentido, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) afirmaron en un comunicado que el Régimen actual “ha demostrado una influencia positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas”, y advirtieron que “la demora en el tratamiento de la legislación “solo busca proteger intereses económicos y no tiene ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética, ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente”.
